El máximo tribunal chileno ratificó una sentencia previa aplicada a ex integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), que operó durante los primeros años de la dictadura (1973-1990).
A este organismo se lo sindica como autor de la mayoría de las más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos, que dejó el régimen de Pinochet.
Entre los condenados figuran los militares en retiro Cristoph Willike, Raúl Iturriaga, Juan Morales y Pedro Espinoza, quienes recibieron una pena de 40 años como autores de asesinatos y secuestros, informó la agencia de noticias AFP.
El resto recibió sentencias de entre 36 y tres años por su participación en los mismos delitos, mientras que la mayoría de los condenados cumple ya condenas por otros crímenes de la dictadura.
A mediados de la década de 1970, las dictaduras militares del Cono Sur se unieron para perseguir y eliminar a disidentes de izquierda más allá de las fronteras nacionales, como parte de un plan secreto conocido como "Operación Cóndor".
Cientos de personas fueron asesinadas bajo este programa de terror estatal, apoyado por Estados Unidos, en el que participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
En Ginebra, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, elogió la sentencia de la Corte Suprema chilena.
"La crueldad calculada de estas dictaduras ha seguido teniendo un profundo impacto en las familias de quienes sufrieron estas graves violaciones de derechos humanos, las sociedades y la historia de la región", afirmó Türk, en una nota de prensa.
La sentencia judicial establece que fue la dictadura de Pinochet la que "de manera formal el 25 de noviembre de 1975" en una reunión en Chile creó "un plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre los líderes de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, destinado a desestabilizar a los opositores a los regímenes asumidos por las Fuerzas Armadas y de Orden".
El fallo del máximo tribunal de Chile impuso también diversos actos de reparación en memoria de las víctimas, como la obligación de publicar en un diario de circulación nacional un extracto de la sentencia.
La sentencia es una de las varias condenas definitivas emitidas este año por la justicia chilena por crímenes de la dictadura, en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado.
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