Los imputados son Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Jorge Antonio Bergés, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Federico Minicucci, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Fontana, Luis Horacio Castillo, Alberto Julio Candioti, Juan Miguel Wolk y Enrique Augusto Barré, quienes son juzgados por el TOF 1 desde octubre de 2020 por delitos cometidos en los centros que funcionaron en las Brigadas policiales de Quilmes, Banfield, Lanús y San Justo.
"El Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno y la Brigada de Investigaciones de San Justo fueron dispositivos que se integraron al plan sistemático de persecución y exterminio de opositores implementados en esos años y esta unidad fiscal reafirma la acusación por crímenes contra la humanidad, no estamos frente a episodios comunes dentro de la normalidad del sistema, sino frente a crímenes contra la humanidad, imprescriptibles", expresó el fiscal Gonzalo Mirando al iniciar su alegato.
Remarcó que los delitos juzgados "son crímenes de Estado, el cual actuó como una organización criminal que cometió delitos de manera sistemática y generalizada y estos crímenes produjeron un daño inconmensurable en numerosas personas e impactó no solo en las personas que fueron secuestradas, torturadas, abusadas sexualmente, privadas de su identidad, asesinadas o desaparecidas, sino también en sus familias, amigos, amigas, vecinos y vecinas, personas con las que trabajaban y con las que se encontraban vinculadas, entre muchas otras".
Aseguró que este plan sistemático de exterminio ocasionó "una onda expansiva de terror y sufrimiento que alcanzó niveles extraordinarios".
"Respecto de las mujeres cis y las mujeres trans, sufrieron una serie de violencias que, adelantamos, vamos a pedir fundamentalmente en la sentencia que estas violencias particulares que sufrieron sean visibilizadas", remarcó Oberlin.
También precisó que "unos 71 niños y niñas recién nacidos, hijos e hijas de las personas secuestradas sufrieron los secuestros, vivenciaron las violencias, recibieron las violencias de sus secuestros en esos momentos y quienes no lo vivenciaron, sufrieron las consecuencias de la desaparición de sus padres o sus madres, o en algunos casos de sus padres y sus madres".
"De estas 605 personas, como dijimos, un 80% eran trabajadores, estudiantes y profesionales. De esas 605 personas, 498, o sea, casi 500 personas, nacieron en nuestro país, en diferentes provincias y un 16% no había nacido en nuestro país, y en muchos casos habían venido a radicarse en el país huyendo de violentas dictaduras y hay un 6% del que no tenemos información", puntualizó.
La auxiliar fiscal precisó que "en cuanto a las edades de las personas victimizadas, un 53% de las personas que son casos de este juicio tenían entre 18 y 29 años. Un 23% tenían menos de 40 años; un 8% eran niños y niñas, y un 11% tenía más de 40 años. En concreto, 5 de cada 10 personas, la mitad de las personas que fueron secuestradas y que son casos de este juicio, tenían entre 18 y 29 años al momento de su secuestro".
"De las 605 víctimas, 373 sobrevivieron, esto es más del 61% del total; 189 se encuentran desaparecidas, un 31,2%, y 31 personas fueron asesinadas, que representan el 5,2%, el 5%. De estas últimas, es importante mencionar que de las 31 personas asesinadas, 30 estuvieron en situación de desaparición forzada muchos años hasta que sus cuerpos fueron recuperados. También es importante que un grupo bastante grande de las personas sobrevivientes, el 71%, fallecieron con posterioridad, en muchos casos producto directamente de las violencias que habían recibido cuando estuvieron secuestradas estas personas, y otras fallecieron tras declarar en el juicio", detalló.
Destacó que del total de las víctimas "unas 219 continúan desaparecidas y sólo del 14 por ciento de ellas se pudieron hallar sus restos".
Posteriormente, el fiscal Miranda trazó un perfil de cada uno de los 4 excentros clandestinos que son juzgados aquí y remarcó, citando a Pilar Calveiro que "no hay campos de concentración en todas las sociedades".
"Aunque la existencia de los centros clandestinos se negaba y se silenciaba, no constituían un secreto total, eran conocidos. El modelo se orientaba a aterrorizar a las personas cautivas y a la sociedad en su conjunto para lograr una parálisis general y producir las transformaciones necesarias para alcanzar la reconfiguración social que se buscaba y constituir una sociedad obediente y sumista", precisó.
Del Pozo de Banfield destacó que funcionó allí una maternidad clandestina "en la que tuvieron comienzo de ejecución los actos tendientes a sustraer, ocultar y cambiar la identidad de hijos e hijas de personas secuestradas".
Detalló que los secuestrados "estaban en la oscuridad, permanentemente encerrados en las celdas, apenas les daban de comer y dormían en el suelo" y que las mujeres y travestis trans alojadas en ese lugar sufrieron abusos sexuales.
Con respecto al Pozo de Quilmes destacó "las condiciones inhumanas en las que permanecieron en ese lugar" los secuestrados y a los interrogatorios bajo tortura con picana eléctrica que sufrieron, los que mucha veces dejaban lesiones que no eran atendidas y se infectaban.
En "El Infierno", que funcionó en la Brigada de Lanús," las celdas tenían puertas ciegas, dimensiones de dos metros por uno, aproximadamente, y no contaban con otro tipo de ventilación más que una mirilla. Las personas que estuvieron cautivas en este lugar relataron que se sentían asfixiadas, porque estaban hacinadas y además no había prácticamente corriente de aire, por lo que muchas tiraban incluso al piso para poder captar un poquito de aire del espacio entre la puerta y el piso".
Con respecto a la Brigada San Justo, que funcionó como centro clandestino de 1975 a 1978, el fiscal detalló sus características arquitectónicas y que poseía una sala de tortura.
Luego, ambos fiscales comenzaron a detallar cada caso de las personas secuestradas y alojadas en el Pozo de Banfield, precisando los elementos reunidos para acreditar su condición de víctima y enumeraron también los casos de varias personas uruguayas secuestradas en nuestro país, que sufrieron interrogatorios de militares uruguayos en estos centros, en el marco del Plan Cóndor.
La fiscalía alegó por medio centenar de víctimas por lo que el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 19 de diciembre a las 8 de la mañana.
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