"Vemos que a nivel regional los feminicidios van en aumento y en los países en los que no aumentó se mantienen", precisó la co-coordinadora del Mapa, Paula Spagnoletti, en diálogo con Télam.
Los 1.945 crímenes contra mujeres del primer semestre corresponden a 15 países de América Latina, lo que da un promedio diario de al menos 10 en la región, según el MLF, basado en un análisis regional de los datos provenientes de 17 organizaciones de la sociedad civil -la mayoría pertenecientes a la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género- y sistematizado por la Asociación MundoSur.
"Lo que vemos es que las políticas públicas preventivas que se están actualmente aplicando a nivel regional no están teniendo los resultados esperados", señaló Spagnoletti.
Si se analiza por país, el que ha registrado un mayor aumento en la cantidad de feminicidios (150%), pasando de 20 feminicidios a 50 es Cuba, mientras que el que registró una gran caída (-62,5%), pasando de 24 a 9, es Uruguay.
En ese sentido, desde las organizaciones cubanas Yo Sí Te Creo y Observatorio Violencia de Género de Alas Tensas, expresaron que "existe un alza en las verificaciones y no en la cifra de feminicidios, pues no se dispone de una cifra oficial base y actualizada que marque un referente".
El Estado cubano no produce informes oficiales (el único es del 2016), por eso "las organizaciones cubanas no tienen datos para comparar, y puede ser que los feminicidios ya sucedían en esa cantidad en Cuba", mencionó Spagnoletti.
Asimismo, el Laboratorio de Estudios de Feminicidios de Brasil destacó la ausencia de datos con perspectiva interseccional en este país, ya que "muchas muertes de mujeres no son reportadas".
Por ejemplo, muertes de mujeres indígenas que quedan ocultas por conflictos por territorios; muertes de mujeres trans que quedan ocultas por los múltiples estigmas que recaen sobre ellas y muertes de mujeres con alguna vinculación con el comercio de drogas ilícitas, detallaron.
De ahí que el informe remarca la ausencia de información interseccional, actualizada y de libre acceso respecto de los femicidios por parte de los Estados de Latinoamérica y el Caribe.
"Argentina es uno de los países que podríamos destacar dentro de la región, que tiene un organismo oficial como es la Corte Suprema de Justicia", sostuvo Spagnoletti, que señaló, sin embargo, que la limitación que tiene es que "publican sus informes a año vencido desconociendo la situación actual de las mujeres".
Según las fuentes oficiales recabadas por el MLF, de los 35 países que conforman América Latina y el Caribe, sólo en 11 (31%) se conoce la situación con respecto al femicidio en 2023.
"Sin la construcción de datos transparentes y actualizados es imposible que los Estados puedan diseñar políticas públicas que realmente subsanen, prevengan y erradiquen la violencia feminicida de los países", resaltó Jerem Aspen, responsable de comunicación de MundoSur.
Al analizar los datos del primer semestre de 2023, el país con mayor tasa cada 100.000 mujeres es Honduras, con 4,33 femicidios. Le siguen Puerto Rico con 2,87 y Ecuador con 1,74. Los países con menor tasa de femicidios son Chile con 0,2 y Panamá con 0,28.
A su vez, de los datos arrojados se evidencia que al menos 582 mujeres víctimas de feminicidios tenían a sus hijas e hijos a cargo, dejando 1.144 huérfanos tras sus homicidios.
Para las infancias que quedan sin madre producto de la violencia machista se generan consecuencias psicológicas, sociales y humanas, de "lo que poco se habla", menciona el MLF.
Por otra parte, la esfera íntima sigue siendo el sitio más peligroso para las mujeres, dónde 58,3% asesinadas por su pareja o expareja, es decir, casi 3 de 4 femicidios fueron cometidos por personas cercanas; y el principal instrumento del crimen es el arma de fuego (41,32%).
"Un gran porcentaje de feminicidios suceden en la esfera íntima, esto los organismos internacionales lo empezaban a alertar, sobre todo desde el momento de la pandemia y el lugar donde una debería sentirse más segura es el lugar donde mayor riesgo tenés de ser víctima de un femicidio", expresó Spagnoletti.
En tanto, el informe repudia las políticas públicas que promueven la libre portación de armas.
Para Spagnoletti, pensar en una libre portación de armas, no solo en la Argentina, sino en otros países, tendrá un impacto directamente en la vida de las mujeres. "El arma no solamente como medio para matar, sino para realizar otro tipo de violencia psicológica y simbólica", señaló.
A pesar de que los Estados realizaron avances legislativos, como la inclusión del delito de femicidio en los códigos penales y el reconocimiento de los suicidios femicidas -mujeres que deciden poner fin a sus vidas, debido a distintas situaciones de violencia de género de las que han sido víctimas- las organizaciones comparten que no terminan de aplicarse las leyes.
Además, sostienen que las normativas deben ir acompañadas de formación y sensibilización a los operadores judiciales y personal policial.
Desde el Centro de Documentación y Estudios de Paraguay indicaron que "muchos feminicidios son consecuencia de la violencia feminicida del Estado por no proteger debidamente la vida de mujeres que se acercaron a denunciar y, sin embargo, no fueron socorridas en tiempo y forma".
En este sentido, si bien la mayoría de los países relevados en este informe presentan una proporción de dato desconocido superior al 50% respecto de la existencia de denuncias previas de la víctima hacia su agresor, de los 931 casos donde se conoce esta información, en el 24,4% el agresor había recibido denuncias, es decir, al menos 1 de cada 4 feminicidios podrían haberse prevenido, ya que la justicia tenía conocimiento de que había amenazas y violencia de género y no actuó en consecuencia.
"¿Cómo hay mujeres que llegan al sistema de justicia, hacen la denuncia y también se mueren?", cuestionó Spagnoletti.
Por otro lado, "hay otra gran cantidad de mujeres que no llegan a hacer la denuncia porque el sistema jurídico es patriarcal, y repele también a las víctimas y no las acompaña en muchas situaciones", concluyó.
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