El Tribunal Constitucional (TC) de España avaló este martes la legalidad de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas creado por el Gobierno progresista en funciones, al rechazar un recurso presentado por la Comunidad de Madrid, que preside la opositora Isabel Díaz-Ayuso.
Por siete votos contra cuatro, la mayoría del pleno del órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y tratados internacionales aprobó una ponencia redactada por la magistrada María Luisa Balaguer que convalida el impuesto a las fortunas sancionado el año pasado, informó el TC.
En su escrito, Balaguer señala que la creación del impuesto a las grandes fortunas no supone una invasión por parte del Estado a las competencias de las regiones o comunidades autónomas de España, dijo el TC en un comunicado reproducido por medios locales.
La argumentación agregó que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales, informó la agencia de noticias española Europa Press.
El Ejecutivo de Díaz-Ayuso, del conservador Partido Popular (PP), defendía en su impugnación que el nuevo tributo podría vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas.
El Constitucional desestimó los argumentos de Madrid al considerar que no hubo fraude en la tramitación parlamentaria del impuesto, sancionado en diciembre pasado, ni ninguna de las vulneraciones alegadas.
Además de Madrid, el impuesto a las grandes fortunas creado por el Gobierno del presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, fue impugnado por los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia, que pidieron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del tributo.
La decisión adoptada este martes por el TC tiene lugar 10 meses después de que el Senado aprobase definitivamente el impuesto, cuyo fin es financiar una serie de medidas introducidas por el Ejecutivo para mitigar el impacto de la creciente inflación.
Este "impuesto de solidaridad a las grandes fortunas", que estará en vigencia en 2023 y 2024, afectará de manera progresiva a las personas que dispongan de un patrimonio neto calculado en 3 millones de euros o más, o sea, un 0,1% de los contribuyentes.
Se estima que aportará al erario público unos 1.500 millones de euros en dos años.
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