Al menos seis comunidades palestinas de Cisjordania ocupada "huyeron de sus hogares" los dos últimos años y "decenas más están en peligro inmediato de desplazamiento forzado", dijo hoy la ONG israelí Btselem, que acusó a Israel de hacer "una política de traslado forzoso" que constituye "un crimen de guerra".
Según la organización, hubo seis comunidades de agricultores y beduinos palestinos en el centro y sur de territorio cisjordano que se vieron desplazadas al estar "aterrorizadas" por colonos israelíes (foto) "que trabajan al servicio del Estado", de acuerdo con los datos revelados en un informe de la misma entidad publicado hoy.
Esto afectó a casi 500 personas que "no tuvieron más opción" que abandonar sus residencias en Ras a Tin, Ein Samia, Al Baqah y Qabun, en el norte y noreste de la urbe de Ramala, así como Khirbet Simri y Widady a Tahta, en las colinas del sur de Hebrón, en el área sur de Cisjordania.
"Expulsar a trabajadores de sus campos, agredir físicamente a los residentes locales, invadir sus hogares por la noche, provocar incendios, asustar a los rebaños, destrozar cultivos, robar propiedades, bloquear carreteras" o "destruir tanques de agua" es "la horrible rutina" que, según Btselem, imponen los colonos a muchas comunidades rurales palestinas, "sin nadie que las proteja".
De acuerdo con la entidad, "esta violencia incesante es fomentada por el Estado y le sirve", ya que "Israel está llevando a cabo una política de traslado forzoso" y busca "hacer insoportable la vida de los residentes de comunidades ubicadas en áreas de las que desea apoderarse, obligándolos a abandonar sus hogares y tierras".
Btselem asegura que es una estrategia "con dos componentes", por un lado basada en la aprobación de órdenes militares con visto bueno de la Corte Suprema para "expulsar a los palestinos de sus tierras".
Por otro, una herramienta que según la ONG usa el propio Estado son los colonos, "que utilizan la violencia contra los palestinos con ayuda e instigación de las autoridades estatales, y a veces incluso con su participación".
Según remarca, a esto se suma la permisividad o tolerancia ante estas acciones de miembros de la coalición de Gobierno de Benjamín Netanyahu, en la que participan ministros ultraderechistas y a favor de una contundente colonización y anexión de Cisjordania.
Entre estos está el supremacista judío y antiárabe Itamar Ben Gvir o el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien en febrero instó a "borrar del mapa" al pueblo palestino de Huwara, que fue objeto del ataque por parte de colonos de mayor dimensión en décadas tras un ataque mortal contra dos residentes israelíes de colonias cercanas.
En opinión de Btselem, entre los integrantes del Ejecutivo -el más a la derecha de la historia de Israel- hay quiénes "lideraron de forma personal la violencia en el pasado", y ahora "alientan y refuerzan los ataques" de colonos, que han aumentado en gran medida.
Todo ello, según la entidad, es parte de "una política ilegal que implica a Israel en el crimen de guerra del traslado forzoso", algo "prohibido por el derecho internacional".
Israel se hizo con el control de Cisjordania en 1967, y desde entonces mantiene un régimen de ocupación militar y colonización sobre este territorio. Según entidades de derechos humanos como Btselem, aplica también un tipo de 'apartheid' en la región.
Las autoridades israelíes suelen rechazar estas acusaciones, y desde el pasado argumentan que Btselem y otras entidades de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch mantienen posturas con un sesgo antiisraelí.
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