Abogados querellantes de la causa de lesa humanidad en la que se investiga la responsabilidad que tuvo la empresa Molinos Río de La Plata en la desaparición de trabajadores de esa firma durante la última dictadura cívico militar, valoraron como un hecho "positivo" la detención del exdirector general y exjefe de personal de la firma agroindustrial, Emilio Parodi, que se produjo esta semana.
Además, consideraron que la prueba recabada contra Parodi es "sólida" y pidieron que "se avance también con el resto de los implicados" que figuran en el expediente.
El martes pasado, el titular del Juzgado Federal 3 de La Plata Ernesto Kreplak ordenó la aprehensión e indagatoria de Parodi, de 82 años, por la responsabilidad que habría tenido como jefe de personal de Molinos en la privación ilegítima de la libertad de 23 obreros de la planta de esa firma que funcionaba en el partido de Avellaneda.
Parodi negó su participación en los hechos y se comprometió a presentar por escrito un descargo en los próximos días, informaron fuentes judiciales.
Tras su declaración en el juzgado, se le otorgó prisión domiciliaria por cuestiones de salud.
"Para nosotros es importantísimo porque es un primer paso para mostrar las verdaderas implicancias con la represión ilegal que tuvo el modelo de país que se intentó imponer durante la última dictadura. Tenemos que demostrar que no fueron solamente las fuerzas de seguridad las que estuvieron relacionadas con el terrorismo de Estado", analizó en diálogo con Télam Gerónimo Erdmann Mc Donald, integrante del equipo de abogados que encabeza Pablo Llonto y que representa a la querella que siguen hijos de tres antiguos trabajadores de Molinos que permanecen desaparecidos.
En coincidencia, la coordinadora de la Clínica Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y abogada querellante en la causa, Lucía de la Vega, destacó en diálogo con esta agencia que la detención de Parodi constituye "un primer avance sustantivo" en la causa.
Para la letrada, la resolución de Kreplak vincula al grupo Bunge & Born (exdueño de la empresa Molinos) con la represión ilegal.
La causa fue iniciada en el 2013, por una denuncia radicada por los hijos de los obreros desaparecidos, y en el 2019, la querella que los representa de forma conjunta con la del Cels realizó el primer llamado a indagatoria para Parodi y otros directivos de la empresa.
Otro pedido de indagatoria también fue presentado en el 2021 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Según pudo saber Télam, ese requerimiento estaba dirigido a Parodi e incluía al presidente de la empresa Molinos entre 1975 y 1977, Carlos Alberto Jacobi; al vicepresidente en ese mismo período, Enrique Leonardo Zweegman; al gerente de servicios administrativos y financieros, Ricardo Canullo, y al gerente general de la planta de Avellaneda, Gonzalo Fernández Madero.
Dos años atrás, la Fiscalía también había realizado su propio pedido para realizar indagatorias en esta causa.
Para el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos y abogado querellante en la causa, Federico Efron, la medida tomada el martes pasado por Kreplak "fue impulsada por la insistencia de las querellas".
Efron contó que en abril pasado, la Secretaría realizó una nueva solicitud para que se avanzara en ese sentido.
"El hecho en sí (la detención de Parodi) es significativo. Es algo que veníamos reclamando. Por eso lo entendemos como algo positivo. Pero lamentablemente llega bastante tiempo después, porque ya estaban las condiciones para llamar a indagatoria hace varios años", evaluó Efron en declaraciones a Télam.
En cuanto al avance de la causa, consideró que "están dadas las condiciones para dictar el procesamiento de Parodi y mandarlo a juicio oral" y resaltó que resta "resolver las otras indagatorias de las personas imputadas, porque también cumplían funciones de jerarquía importantes".
"La carga probatoria es muy importante para poder avanzar no solamente con Parodi. Entendemos que se podría avanzar hacia personal directivo que tenía mayores grados de responsabilidad con los hechos que se investigan", remarcó Erdmann Mc Donald.
El abogado que representa a la Federación Aceitera en la causa, Juan Carlos Capurro, valoró el "trabajo colectivo" realizado entre las querellas para lograr la detención de Parodi. y destacó que la "prueba colectada" en el expediente es "muy sólida".
"Nosotros en las últimas cuatro semanas hemos insistido en el juzgado porque Parodi tenía que ser llamado a indagatoria. Es muy clara la prueba que hay", enfatizó Capurro.
Una de las medidas que se llevó adelante por pedido del Cels, en octubre de 2018, fue una inspección ocular en las instalaciones que Molinos tenía en Avellaneda, a partir de la cual se pudo reconstruir la jornada del 7 de julio de 1976, día en el que un grupo de trabajadores fue secuestrado, entre ellos el obrero Francisco Fernández.
"Varios de los ex trabajadores mostraron de dónde es que se llevaron a Fernández en la sede de Avellaneda, dónde estaba la oficina de Parodi. Contaron cómo él tenía control de todo lo que sucedía en la planta", señaló De la Vega y remarcó que varios de los desaparecidos pertenecían a la lista opositora del gremio de los Aceiteros, llamada Lista Blanca, que desde los años previos a la dictadura venía reclamando por mejores condiciones laborales.
Sobre el mismo punto, Erdmann Mc Donald señaló que el caso de Fernández sirvió para "demostrar la mecánica de señalamiento a través de listados confeccionados" por Parodi y le atribuyó entonces "una función central" en los hechos.
"Cuando el trabajador ingresaba en su turno, tenía que retirar una tarjeta para poder fichar. Parodi tenía el control justamente de poder sacarles la tarjeta, y cuando no la tenían, los hacían mantener en una oficina que estaba en frente de la de él, donde estaban las fuerzas de seguridad esperando a los trabajadores para llevárselos y luego desaparecerlos", remarcó Erdmann Mc Donald.
Otros testimonios dan cuenta de otra modalidad a través del ingreso de camiones de las fuerzas de seguridad que recorrían las distintas áreas de la empresa y se llevaban empleados.
Otro de los mecanismos que señalaron los testigos es el secuestro de trabajadores en el trayecto desde sus casas al trabajo a partir de la dirección de los domicilios declarados en el legajo laboral, y en otros casos, obreros que fueron "marcados" y que fueron perseguidos luego de haber renunciado ante el alerta de las desapariciones de sus compañeros.
"La gente que era detenida y desaparecida no era reconocida por la empresa. Por lo tanto no indemnizaban a la familia, entonces se ahorraban indemnizaciones porque no había despidos", explicó Erdmann Mc Donald.
Y Efron denunció que como resultado de la persecución a trabajadores comprometidos con la militancia sindical, social y política, Molinos tuvo "una baja en el nivel de conflictividad y un aumento en la producción de las ganancias" justamente en los años que abarca la última dictadura militar.
Una causa iniciada por los hijos de tres obreros desaparecidos
Analía Fernández, hija de Francisco Fernández, forma parte de un colectivo de familiares de tres trabajadores desaparecidos en la planta de Molinos Río de La Plata de Avellaneda, que impulsan desde hace diez años una causa para que se investiguen si esa forma avaló delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
Esta semana, se produjo después de muchos años un avance significativo en el expediente que fue la detención del del exdirector general y exjefe de personal de la firma agroindustrial, Emilio Parodi, una novedad que Analía valoró positivamente en la lucha que libran los familiares por lograr justicia.
El martes pasado, el titular del Juzgado Federal 3 de La Plata Ernesto Kreplak ordenó la aprehensión e indagatoria de Parodi, de 82 años, por la responsabilidad que habría tenido el exjefe de personal de Molinos en la última dictadura, por la privación ilegítima de la libertad de 23 obreros de la planta de esa firma que funcionaba en Avellaneda.
Además de Francisco Fernández, otros de los desaparecidos fueron Rubén Ramón Mataboni y Avelino Freitas, en un caso en el que no se pudo precisar bien el número de víctimas pero que según testimonios sería de al menos una veintena de personas y se habla de hasta 90 detenciones.
Analía Fernández junto a Ceferino Mataboni y Roxana Freitas, hijos de los otros dos obreros desaparecidos, se conocieron en el 2009 y luego de recolectar testimonios presentaron una denuncia en el juzgado federal de La Plata en 2013 para que se investigara la complicidad de la empresa Molinos en la desaparición de trabajadores en la fábrica de Avellaneda.
"Más allá de que hace diez años que lo estamos esperando, el momento fue sorpresivo y emocionante, son muchos años de búsqueda, de trabajo, de buscar a los testigos", confió Analía Fernández en diálogo con Télam sobre la decisión tomada por Kreplak el miércoles pasado.
Gracias a la búsqueda que iniciaron, Fernández pudo contactar a compañeros de su papá que le contaron que el 7 de julio de 1976 fue secuestrado en la empresa, presuntamente apuntado por Parodi en una lista que le brindó a las fuerzas armadas para desaparecer a sus trabajadores.
"Yo tenía dos años cuando se lo llevaron a mi papá, así que no lo recuerdo. Pero la información que me llegó de sus compañeros fue su militancia dentro de la fábrica, que en cada toma mi papá estaba al frente", precisó Fernández.
Sobre la detención y pedido de indagatoria a Parodi, remarcó que "todos los testigos lo nombraron desde el primer momento" por lo que, dijo, era algo que "sabíamos que tenía que pasar".
"La expectativa es ver ahora cuáles son los pasos a seguir para verlo sentado (a Parodi) en un juicio, cosa que con la edad que tiene se complica", expresó Fernández y destacó el significado "simbólico" de poder llegar a esa instancia porque los casos de su padre y los de Mataboni y Freitas no están incorporados en la sentencia de otras causas de delitos de lesa humanidad, por lo que sería el primer juicio en el que se juzgue a parte de los responsables de sus desapariciones.
Fernández agradeció también a quienes les "enseñaron lo que era la búsqueda de testigos y todo lo que significaba armar una causa", en referencia al periodista y exdirector de Derechos Humanos de Avellaneda, Enrique Arrosagaray, y al primer abogado querellante que tuvo la causa Javier Garín, entre otros.
"Quiero poner en valor el esfuerzo enorme que realizan justamente los hijos e hijas desaparecidos. Sin la presencia y sin la acción y el compromiso de ellos, muchísima de la prueba que nosotros hemos producido no se hubiese dado", resaltó el abogado actual que representa a la querella de los hijos de los tres obreros, Gerónimo Erdmann Mc Donald, quien integra el equipo que encabeza Pablo Llonto.
En ese sentido, Erdmann Mc Donald destacó que en causas de lesa humanidad "aportar testimonios es la prueba más fidedigna y sólida".
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