"Que a un año del atentado contra la Vicepresidenta no haya claridad sobre quiénes lo alentaron y que el Poder Judicial no sea eficaz en dar respuestas a la sociedad sobre un intento de magnicidio, envía una señal sobre la falta de consecuencias de la violencia política. Esto es peligroso para la vida democrática", alertó la organización en un comunicado difundido en las últimas horas, al cumplirse este viernes un año del intento de magnicidio.
El organismo de derechos humanos manifestó que el ataque "expresó una violencia política que circulaba en ámbitos sociales y políticos", y recordó que "el ataque de Sabag Montiel (el tirador) sacudió la idea de que los consensos democráticos nos protegían de ese tipo de acciones y que la Argentina era inmune a un movimiento global de extrema derecha que desde la política avanzaba contra la convivencia democrática".
En la misma línea, expresó que el "hecho inédito" puso de manifiesto "una violencia política que se cocinaba en distintas esferas: en redes sociales, en medios de comunicación, a través de referentes partidarios", y remarcó que se trató de "una violencia presentida que, aún así, nos tomó por sorpresa cuando desbordó las pantallas y pasó a la acción".
"Los gatillazos de Fernando Sabag Montiel sacudieron de golpe nuestra idea de que existían acuerdos democráticos que impedían este tipo de violencias y que de ser traspasados generarían un rechazo determinante del sistema político y de gran parte de la sociedad", analizó el Centro de Estudios Legales y Sociales.
En este sentido, la organización manifestó que "ese 1 de septiembre mostró también que la Argentina no es inmune a un movimiento global de extrema derecha que puede recurrir a la violencia y que utiliza los mecanismos institucionales contra la convivencia democrática y el bien común".
La Argentina no es inmune a un movimiento global de extrema derecha que puede recurrir a la violencia
"El atentado fue el punto extremo de esta violencia, pero se ubica en una serie de ataques y hostigamientos online y offline a activistas progresistas, del campo nacional y popular, a organismos de derechos humanos, a feministas, a referentes políticas, sociales y sindicales por parte de grupos alineados con la extrema derecha local", precisó el texto.
En tanto, el organismo advirtió que "el debate público se volvió un escenario adverso a la pluralidad y la convivencia y, con frecuencia, vemos crecer el menosprecio por la democracia, sus logros y su horizonte de igualdad" y que "en el año que transcurrió desde aquel episodio se repitieron ataques a locales partidarios y a organismos de derechos humanos, la vandalización de sitios de memoria por los crímenes de la dictadura, el negacionismo, la denigración, y la misoginia y el racismo continuaron".
"El sistema político no ha sido lo suficientemente enfático en poner límites a esos ataques, por impotencia o menosprecio del fenómeno" por lo que el CELS instó a "convertir el Nunca Más que conquistamos en una movilización amplia, plural, igualitaria, un pacto renovado que insista más que nunca en democracia".
Por otra parte, alertó sobre "los grupos políticos que apoyaron acciones violentas en el espacio público y construyeron su identidad a partir de una escalada bélica de la política" y "se han transformado en una opción electoral, como la fórmula (Javier) Milei-(Victoria) Villarruel", de La Libertad Avanza.
"Discursos que proponen exterminar a otras fuerzas políticas y que justifican la violencia estatal como respuesta a la disidencia son parte fundamental de la campaña en curso", insistió la organización defensora de derechos humanos y remarcó que "detener su avance y el daño del que se ha demostrado que son capaces es la tarea que tenemos por delante".
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