La marcha de la sociedad civil arrancó en la 25 Avenida Sur, frente al Hospital Nacional Rosales. Entre los convocados estaban familiares de detenidos por el régimen, quienes exigieron la pronta liberación de sus parientes. Una de ellas era Ana María Hernández, de las comunidades de la Isla Espíritu Santo y El Jobal, en la Bahía de Jiquilisco, Usulután. Ella viajó casi 125 kilómetros para exponer las capturas, arbitrarias de 18 personas, incluyendo la de su hijo, quien ayer cumplió 31 años.
“Quiero que mi hijo salga. Tiene 15 meses de estar en prisión. Queremos que todos estén libres, así como los fueron a traer a la casa, así que los suelten. Sentimos que ya no podemos con esto, lo quiero vivo”, dijo. En esas comunidades se reportan 25 personas detenidas y siete han salido de la cárcel con medidas alternas.
Mientras Ana María y otros más reclamaban por la libertad de sus familiares, a menos de tres kilómetros, en la Alameda Roosevelt, el Gobierno invirtió casi tres horas de su desfile en ensalzar al Ejército y a la Policía Nacional Civil (PNC), señalados de violar derechos humanos en el marco del régimen. A diferencia de otros años, como han señalado los sindicatos de docentes, la participación de los centros educativos se relegó para el final.
Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, no respondió a las preguntas de los periodistas sobre el régimen de excepción durante el desfile; pero más temprano, en una entrevista con el oficialista Canal 10, defendió la medida.
Por otra parte, desde el jueves circularon denuncias que empleados públicos presuntamente fueron obligados a participar en la actividad del Gobierno.
Rechazan la reelección
La marcha de la sociedad civil avanzó sobre la Alameda Juan Pablo II hasta llegar a la Plaza Gerardo Barrios. Entre consignas y pancartas, los asistentes rechazaron las intenciones de Nayib Bukele de reelegirse en el cargo, porque la Constitución de la República no permite un segundo mandato presidencial consecutivo.
“La reelección viola la Constitución. Se quiere reelegir para seguir violando los derechos de la gente y seguirse lucrando de las arcas nacionales”, afirmó el juez Antonio Durán.
También reclamaron pronta justicia para los miles de casos de personas desaparecidas y señalaron la falta de políticas públicas para temas como la salud y la agricultura amenazada por el cambio climático. Además, sindicalistas denunciaron falta de transparencia y vulneraciones.
“Esta administración no rinde cuentas”, expuso Stanley Quinteros, sindicalistas de la Corte Suprema de Justicia. Este movimiento ha denunciado el despido de 20,301 empleados públicos, el cierre de 10 sindicatos y 185 sindicalistas que han sufrido alguna vulneración; 16 de ellos, encarcelados.
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