"Se refuerza la sanción de los padres que no manden a sus hijos a la escuela, que antes era penado como contravención y ahora elevamos a rango de delito con pena de reclusión", planteó el ministro de Justicia, Carlo Nordio, al presentar en conferencia de prensa el denominado decreto con "medidas urgentes para combatir el malestar juvenil, la pobreza educativa y la delincuencia juvenil".
"Responsabilizando así a los padres creemos que ayudamos a los menores", enfatizó Nordio, al ilustrar uno de los 14 artículos del decreto con el que el Gobierno busca atacar la "plaga de la criminalidad juvenil".
"Buscamos conjugar la necesidad de la represión de la delincuencia juvenil con la necesidad de consentir de consentirles a los que cometieron crímenes de tener un recorrido no solo punitivo, sino reeducativo", agregó el ministro.
El decreto es parte de la respuesta del Ejecutivo que conduce Giorgia Meloni a una serie de delitos cometidos por bandas de adolescentes, especialmente un hecho investigado como violación grupal sobre dos niñas de 10 y 12 años en las afueras de Nápoles, además de un ataque sexual contra una joven de 19 años por parte de un grupo de siete adolescentes en Sicilia.
Qué dice la norma
El texto prevé diversas disposiciones y nace, como se indica en la introducción, de la "extraordinaria necesidad y urgencia de planificar intervenciones infraestructurales para hacer frente a situaciones de degradación, vulnerabilidad social y penuria juvenil en el territorio del municipio de Caivano", donde se cometió el ataque a las dos niñas.
La iniciativa cita también entre sus objetivos la "necesidad de reforzar las medidas para proteger el cumplimiento de la escolaridad obligatoria".
"Por eso nos dedicamos a los padres, ya que muchas veces la tendencia a la criminalidad de los jóvenes viene dada por la adhesión al crimen de sus familias", planteó el ministro de Justicia
Según planteó Nordio y luego el ministro de Interior, Matteo Piantedossi, el decreto no incluirá una baja de la edad de imputabilidad, sino que se introduce un sistema de amonestaciones de parte de la Policía a los jóvenes de 12 a 14 años que cometan delitos considerados graves como robo agravado, además de una sanción administrativa a sus padres, que podría alcanzar también la quita de subsidios.
Por otro lado, indicó Nordio, la norma establece que se aplicará la prisión preventiva en caso de que se considere que los menores acusados están en riesgo de fuga.
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