El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo (foto), advirtió este viernes sobre la existencia de un plan “para romper el orden constitucional” y “burlar” la voluntad expresada por el pueblo en las urnas, e instó a la unidad de todos los sectores sociales para “derrotar a las fuerzas golpistas”, mientras la OEA cuestionó la "judicialización" de los comicios y la suspensión del Movimiento Semilla.
"Han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia de nuestro país, encabezado por la Fiscal General Consuelo Porras", denunció Arévalo.
El ganador de la segunda vuelta del domingo 20 de agosto lamentó que haya quienes se nieguen a aceptar su triunfo, pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los resultados, con lo que el siguiente paso institucional debiera ser la asunción del nuevo presidente, prevista para el 14 de enero.
Arévalo acusó además de ser parte del plan al jefe de la La Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI, Rafael Curruchiche, al juez séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, y la Junta Directiva del Congreso.
Porras es la jefa de los fiscales y, junto a Curruchiche, que encabeza la investigación contra el Movimiento Semilla, fueron incluidos en 2021 en una lista de figuras “corruptas” de Centroamérica por Estados Unidos.
El partido de Arévalo es investigado por supuestas irregularidades con la documentación de las afiliaciones y la conducción del Congreso declaró a la bancada partidaria como independiente.
“Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niega a aceptar este resultado”, indicó Arévalo en una conferencia de prensa que compartió con la electa vice, Karin Herrera, en un centro cultural capitalino.
Luego de esa conferencia Arévalo publicó un comunicado de tres página en su cuenta de X (exTwitter) en donde reitera y amplía lo dicho ante la prensa.
Para Arévalo, ese plan de golpe “se está llevando a cabo paso a paso, mediante acciones espurias".
El legislador hizo un llamado al pueblo de Guatemala, a la sociedad civil, a empresarios y trabajadores, al movimiento popular, a las iglesias, a las autoridades indígenas, a las fuerzas políticas legítimas, estudiantes, a la academia y a la juventud a “unir fuerzas en defensa de la democracia”.
"Hago un llamado a que nos unamos para derrotar a las fuerzas golpistas que pretenden mantenernos sumergidos en la corrupción, la impunidad y la pobreza, a que defendamos el derecho político más sagrado y el arma más efectiva de las personas libres: el voto", exhortó Arévalo.
Y reseñó que es “legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución".
Advirtió que tiene el proceso todavía "cuatro meses por delante" y dio por hecho que en el camino hacia su asunción se verán “intentos de distinta naturaleza, como coacciones a funcionarios, al Tribunal Supremo Electoral, a los magistrados, a los funcionarios del registro”, todo “de manera vergonzosa".
“Alertamos al pueblo de Guatemala que aún faltan 4 meses para la toma de posesión, 4 meses durante los cuales estas mafias políticas intentarán consumar el golpe de Estado”, insistió, y expresó que “no se trata de construir pactos políticos, sino de construir una unidad nacional para rechazar a los corruptos de una vez por todas".
La justicia primero suspendió la personería jurídica de Semilla, después anunció inminentes detenciones de sus dirigentes y finalmente extendió al Congreso el pedido de suspensión del partido.
Porras, además, presentó un amparo ante la Corte Constitucional por las manifestaciones en su contra en las calles y en las redes.
Semilla y Arévalo recibieron el respaldo de la OEA, la CIDH, Estados Unidos y la Unión Europea, que denunciaron las interferencias electorales.
La suspensión de Semilla había sido frenada el 13 de julio por la Corte de Constitucionalidad, que otorgó un amparo provisional que garantizó la segunda vuelta, pero que dejó en pie la investigación del Ministerio Público.
Respaldo de la OEA
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una declaración que condena la "judicialización" de las elecciones en Guatemala y la suspensión del partido Movimiento Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo, triunfador en las urnas el 20 de agosto.
La OEA "declara su llamamiento a que las autoridades del estado de Guatemala, incluidas las legislativas, ejecutivas y judiciales, deben respetar y garantizar los derechos civiles y políticos del pueblo guatemalteco", indicó el organismo en un comunicado leído por el representante chileno, Sebastián Kraljevich.
Asimismo, la nota subrayó que "la separación de poderes es esencial para el ejercicio de la democracia y que el uso del sistema legal como herramienta para intimidar y suspender indebidamente derechos civiles y políticos no es aceptable", informó la agencia de noticias Europa Press.
El Consejo Permanente de la OEA mostró en la declaración su preocupación por la "continua judicialización del proceso electoral", así como por la "práctica del Ministerio Público de intimidar a las autoridades electorales" y por la suspensión llevada a cabo por la Dirección General del Registro de los Ciudadanos, que "contradice los principios de la democracia representativa".
El Consejo también se hizo eco de los informes de "actos de intimidación contra miembros del Movimiento Semilla y familiares", lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir medidas cautelares a favor del presidente electo, Bernardo Arévalo.
En este sentido, el Consejo Permanente prestó atención a los informes de la misión de observación electoral de la Unión Europea, mientras que también es "consciente" de que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, invitó al titular de la OEA, Luis Almagro, a viajar al país para presenciar la transición de poder.
El secretario general subrayó que la suspensión del Movimiento Semilla "elimina las seguridades jurídicas en las que se basa el Estado de Derecho".
En este sentido, declaró que el éxito de la democracia en el país "depende claramente de que el presidente electo asuma el poder el próximo 14 de enero".
Almagro, que aceptó la invitación de Giammattei para estar presente en la toma de poder, indicó que cualquier otra opción que no sea la asunción del Presidente electo "significará una alteración del orden constitucional".
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