Esta semana se cumplen 47 años de la denominada "masacre de la calle Corro", el megaoperativo llevado a cabo por más de un centenar efectivos del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal en el que murieron acorralados cinco miembros de la secretaría política nacional de Montoneros entre los cuales se encontraba la hija del periodista Rodolfo Walsh, María Victoria, y cuya causa judicial se encuentra a la espera de inicio del juicio oral.
El miércoles 29 de septiembre de 1976 el barrio porteño de Villa Luro amaneció con un imponente operativo conjunto de las fuerzas represivas dirigido por el coronel Roberto Roualdes, segundo de Carlos Suárez Mason en la subzona Capital Federal, definición que respondía al mapa represivo elaborado por la dictadura para los grupos de tareas.
Sobre Corro se habían emplazado dos tanquetas, a pocos metros había tres camiones del ejército, las calles estaban cortadas, un helicóptero sobrevolaba la zona y casi la totalidad de los techos de las casas de Yerbal al 4800 y Corro al 100 tenían militares apostados, al igual que un edificio entonces en construcción en la calle Cervantes 116.
Desde esa obra había hecho inteligencia en los días previos el Batallón 601 del Ejército, con Héctor Vergez a la cabeza, según reconstruyó tras una profusa investigación el periodista Ernesto Valverde, que contó luego en su libro "Corro 105: Rodeados", publicado por Editorial De la Campana.
En la casa de la familia Mainer, ubicada en la calle Corro 105 esquina Yerbal, se encontraban aquel 29 de septiembre 'Vicki' Walsh con su beba Victoria de poco más de un año, Alberto Molinas, Ignacio Bertrán, Ismael Salame y José Coronel, quienes tenían cita ese día para llevar a cabo una reunión del secretariado político de Montoneros.
En la heladera de los Mainer aún quedaban restos de la torta de cumpleaños de Vicki Walsh, quien había festejado sus 26 años el día anterior.
Según la reconstrucción que Valverde hizo muchos años después a partir de documentación y del relato de vecinos testigos de los hechos, Roualdes tomó como "centro de operaciones" una casa vecina -habitada por dos hermanas mayores- a metros de Corro 105 y desde allí dirigió el ataque. Se intimó a los ocupantes de la casa a rendirse a través de un megáfono desde uno de los camiones.
Minutos después comenzó la balacera que se extendería por casi dos horas. Los miembros del Ejército dispararon principalmente con fusiles FAL y bazucas antitanque. Una tanqueta de Gendarmería embistió dos veces el portón de la cochera de la casa de los Mainer.
En el interior del domicilio, junto a Walsh, Molinas, Bertrán, Salame y Coronel estaban cuatro integrantes de la familia Mainer, desarmados, quienes buscaron refugio mientras los montoneros intentaban resistir el ataque buscando vías posibles de escape, aunque la asimetría de fuerzas era, por demás, evidente.
Molinas, Bertrán, Salame y Coronel fueron asesinados en el transcurso del operativo mientras que Walsh, según relataría luego su padre, se quitó la vida al comprobar que no había escapatoria posible, y caer prisionera no era una opción.
"Mi hija no estaba dispuesta a entregarse con vida. Era una decisión madurada,razonada. Conocía, por infinidad de testimonios, el trato que dispensan los militares y marinos a quienes tienen la desgracia de caer prisioneros: el despellejamiento en vida, la mutilación de miembros, la tortura sin límite en el tiempo ni en el método, que procura al mismo tiempo la degradación moral, la delación", escribió Rodolfo Walsh desde la clandestinidad en "Carta a mis amigos", que se conoció meses después de la muerte de Victoria.
Tras el operativo fueron detenidos y conducidos sucesivamente a los centros clandestinos de detención "El Vesubio" y Coordinación Federal los propietarios de la casa de la calle Corro: Lucy Gómez de Mainer; su hijo Juan Cristóbal Mainer, de solo 16 años; su hija Maricel Mainer, y su esposo Ramón Baravalle.
Maricel y su marido fueron liberados tras 25 días de cautiverio. En el caso de Lucy, fue llevada al penal de Villa Devoto donde estuvo presa dos años. A Juan Cristóbal lo llevaron a Devoto primero y lo trasladaron a la Unidad Penal N° 9 de La Plata, después. Durante cinco años permaneció a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sin juicio ni condena.
La investigación
La masacre de Corro comenzó a ser investigada por la Justicia recién en 2015, como un desprendimiento de la megacausa "I Cuerpo del Ejército" que tramita ante el Juzgado federal N°3 a cargo del juez Daniel Rafecas.
Tras años de trabajo de investigación y búsqueda de justicia, en 2018 la exdiputada Patricia Walsh, hija menor del escritor y hermana de 'Vicki', se presentó como querellante con la representación de la abogada y hoy candidata a la Presidencia Myriam Bregman, junto a un equipo del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Con la etapa de instrucción ya muy avanzada, en 2021 Rafecas ordenó la detención de 10 exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101 con base en la localidad bonaerense de Ciudadela, y en marzo de 2022 los procesó por los homicidios y secuestros de la calle Corro.
Luego de ser apelados y tras varios meses de revisión, la Cámara Federal dictó falta de mérito para tres de los militares mencionados en la investigación, sobreseyó a uno, Hugo Pochón, y dejó firmes los procesamientos de Guillermo Viola, Carlos Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Montell, Héctor Godoy y Danilo González.
Los delitos que se les imputan a los seis exintegrantes del GADA -que actualmente se encuentran bajo prisión domiciliaria- son homicidio agravado en cuatro casos, tentativa de homicidio agravado en el caso de Vicki Walsh y privaciones ilegítimas de la libertad en el caso de los cuatro integrantes de la familia Mainer.
El sobreseimiento de Pochón fue recusado por la querella. Transcurrido ya casi un año, Casación aún no se pronunció al respecto.
Si bien el Tribunal Oral Federal N° 7 ya fue sorteado, aún no notificó a las partes ni corrió vista para el ofrecimiento de prueba, por lo que todavía la causa no cuenta con fecha de inicio de juicio oral.
En declaraciones a Télam, uno de los abogados de la querella, Matías Auferi, destacó el gran trabajo de recolección de prueba efectuado durante la instrucción a partir de la toma de declaración tanto a integrantes de la familia Mainer como a más de 80 conscriptos que brindaron servicios en el GADA al momento de los hechos.
Además, se relevó el propio registro histórico de la unidad del Ejército de Ciudadela -donde está todo el operativo detallado y asumido- y se recurrió a las numerosas fuentes documentales y periodísticas que existen sobre el episodio.
Un operativo público
"Este caso tiene la particularidad de que fue un operativo oficial, público, distinto a los encarnados por grupos de tareas en la clandestinidad. Salió en todos los diarios, fue un operativo gigante, justamente cuando amaneció, no se hizo por la noche, y participaron más de un centenar de miembros del Regimiento (por el GADA), de Gendarmería y de la Policía Federal", señaló Auferi.
Sin ir más lejos, el diario La Razón publicó una extensa nota después del operativo titulado: "Golpe a la subversión, fue descabezado el sector político de una organización extremista tras un cruento tiroteo en Villa Luro".
Auferi planteó que una de las expectativas de la querella ante el juicio oral de los hechos de la calle Corro es poder derrotar lo que definió como "impunidad biológica", ya que como suele ocurrir con gran parte de las causas por delitos de lesa humanidad de la dictadura los represores que siguen vivos tienen una edad avanzada y terminan muriendo impunes, advirtió.
Así sucedió con el coronel Roualdes, quien no pudo ser juzgado en esta causa pese a haber sido el máximo responsable del operativo.
"También vamos a seguir peleando por la apertura de archivos y para que se amplíe la acusación a actores de otras fuerzas que sabemos que estuvieron involucradas, como la (Policía) Federal, el Batallón de Inteligencia 601 (del Ejército) y Gendarmería como fuerza de conjunto", amplió el abogado, que integra el CeProDH.
Lucía Coronel, hija menor del estudiante de abogacía y responsable de la secretaría política de Montoneros José Coronel, tenía solo cuatro meses cuando su padre fue asesinado en la calle Corro.
Ante la consulta de Télam por el demorado juicio oral, contestó: "Se cumplen 47 años y muchos piensan '¿qué sentido tiene a esta altura?' '¿Qué buscan?' O responden: 'Es resentimiento'. Y no. Mis abuelas, que fueron Madres de Plaza de Mayo, los sobrevivientes y los familiares buscamos Memoria, Verdad y Justicia hasta último momento".
Y agregó: "Los implicados tienen que decir lo que saben y tener aunque sea la última dignidad de permitirnos saber la verdad".
"Buscamos la justicia que no tuvieron nuestros padres. En este caso sí, eran militantes. Sí, estaban con armas, pero fueron masacrados con menores de edad en la vivienda. Si ellos consideraban que tenían que pagar por un delito deberían haber sido juzgados, como ellos van a ser juzgados ahora", señaló Lucía, quien también forma parte de la querella.
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