El TOF de General Roca, presidido por el juez Alejandro Silva, realizó hoy la quinta jornada del juicio oral y público en la causa en la que están acusados cinco integrantes de los Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
Uno de ellos, Sergio Cavia, se encuentra procesado por "homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa", mientras que los otros cuatro -Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García- están señalados como "partícipes necesarios" de ese delito.
En esta quinta audiencia declaró como testigo Mostafá, quien en aquella oportunidad tuvo a su cargo el grupo de algo más de 40 miembros de la Agrupación Albatros que viajaron desde la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, hasta Bariloche, con la orden de apoyar a la Policía Federal en el desalojo del predio ubicado en Villa Mascardi.
Una vez terminada esa diligencia, el 23 de noviembre de 2017, el grupo estaba dispuesto para regresar a Buenos Aires, pero una contraorden obligó a Mostafá a designar un equipo de 20 personas para que permanezca en el sur para "custodiar" el territorio reclamado por la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Adentro del colectivo con el que iban a regresar, Mostafá designó al oficial Pablo Rubén Berra como jefe y a los demás integrantes del grupo.
Consultado por el abogado que representa a la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche, Sebastián Feudal, sobre con qué información previa contaban en relación al grupo que debían desalojar, Mostafá aseguró que se trataba de "mapuches" según supo "a través de los medios de comunicación".
El oficial de prefectura -quien declaró por Zoom vestido con su uniforme- habló sobre el accionar en el sur del país de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a la cual vinculó con una serie de hechos ocurridos en Chile.
La aseveración disparó nuevas preguntas de Feudal: "¿Conoce algunas características de las comunidades mapuches?".
"Sólo lo que se había visto en los medios de comunicación. Lo que había pasado en Chile. Sabíamos que (el desalojo) era en Bariloche, en apoyo a la Policía Federal y que iba a haber algún tipo de agresión. Sabía que (en Chile) había habido quemas de viviendas, ese tipo de cosas, bloqueo de rutas, lo que salió en los medios de comunicación", respondió Mostafá.
"¿Qué vio o escuchó de cómo fue ocupado el predio?", le consultó el abogado, a lo que el prefecto respondió: "Vi por los medios que habían ocupado unos días antes, en Clarín. Y, después, cuando recibí la orden, me acordé lo que había visto".
En varias oportunidades, durante el interrogatorio de las querellas -que también integran los abogados que representan a la familia de Nahuel y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación-, el abogado defensor de tres de los Albatros, Marcelo Hugo Rocchetti, intentó infructuosamente modificar el rumbo de las preguntas.
Sin embargo, el presidente del tribunal autorizó las consultas interpretando que era necesario "contextualizar" el operativo que terminó con el asesinato del joven mapuche.
En relación a la RAM, Feudal preguntó a Mostafá qué sabía de esa organización, a lo cual el testigo reiteró: "Lo que leí en los medios, bloqueo de rutas en Chile, quemado de algunas fincas, nada más".
"¿Por qué asoció esa palabra con el operativo?", insistió el abogado, a lo que el testigo aseveró: "Es imposible no asociarlo, hablaban (los medios) de ramificaciones de la RAM en nuestro país, lo relacionaban con (Facundo) Jones Huala de la comunidad mapuche, imposible no relacionarlo".
Bajo esa influencia, el segundo jefe a nivel nacional de los Albatros en ese momento, decidió el equipo y armamento que permanecería en Villa Mascardi, el cual protagonizó el operativo del 25 de noviembre.
"¿Tomó esa determinación en base a los medios?", preguntó Feudal. "Si se quiere, sí", reconoció Mostafá.
Consultado por Télam, el abogado de la APDH consideró que "es un prejuicio muy claro" por parte del uniformado, que demuestra "que se actuó en base a consideraciones que no figuraban en la orden judicial".
En ese mismo sentido planteó que Mostafá "dice que la ocupación (del terreno) fue violenta, y eso es falso: al momento de la recuperación territorial no hubo violencia contra las personas ni contra el lugar".
"La orden de desalojo no hace mención a ningún tipo de violencia", enfatizó el letrado.
Otro de los testigos que declaró durante la audiencia fue Leandro Ruata, el exjefe de la delegación Bariloche de la Prefectura Naval Argentina al momento de los hechos.
Ruata se contradijo en relación a un punto clave de la investigación: señaló inicialmente que al llegar a Villa Mascardi -aproximadamente dos horas después de ser informado sobre el supuesto enfrentamiento- "escuchó disparos que provenían de la montaña".
Pero el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, le leyó al testigo un fragmento de su declaración durante la instrucción de la causa, en la que aseguró no haber escuchado detonaciones de arma de fuego en el lugar.
"Es cierto, me debo haber equivocado ahora. Lo que escuché eran voces, no detonaciones. Voces o gritos, no sé precisar de quién", admitió el testigo.
También declaró el oficial de la Policía Federal, Felipe Duarte, quien en su condición de francotirador se infiltró en la zona ocupada por la comunidad mapuche dos días antes del desalojo para recabar información.
Duarte afirmó que no advirtió que los integrantes de la comunidad tuviesen una actitud agresiva, aunque admitió que no pudo observar con claridad cuánta gente integraba el grupo que sería desalojado dado que permaneció escondido.
En la audiencia de hoy también declararon otros dos testigos, ambos integrantes de la Prefectura, los suboficiales Diego Sánchez e Ignacio Salinas, que coincidieron en que no escucharon detonaciones de armas de fuego de manera directa ni a través de los equipos de comunicación. Dijeron, cada uno a su turno, que oyeron los pedidos de apoyo por parte de los integrantes de la patrulla que subieron a la montaña.
Sánchez aseguró que iba ascendiendo cuando a mitad de camino se encontró con sus compañeros que descendían, quienes le habrían referido que fueron atacados con armas de fuego.
En la audiencia de mañana, el tribunal espera la presencia de cuatro testigos: Aníbal Onetto -como integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria participó del secuestro de armas a los Albatros-, y Marcelo Sertic, Gonzalo Rosales y Ricardo Ramírez, miembros de la Policía Federal Argentina.
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