“Después de tener una reunión con el presidente he tomado la decisión de presentar mi renuncia, de forma indeclinable”, dijo el ahora exministro envuelto en polémicas con la derecha, quien pedía su renuncia para continuar debatiendo las reformas propuestas por el Gobierno.
“Doy un paso al costado tras constatar que mi presencia ha sido usada por la oposición como una excusa (…) El Gobierno ya ha dado señales importantes en materia de flexibilizar sus propuestas iniciales y ahora, por cierto, le toca a la oposición poner también de su cosecha”, cerró Jackson, quien dijo mantener su “irrestricta lealtad a este proyecto político”.
El ministro Jackson fue dirigente estudiantil junto a Gabriel Boric, a quien acompañó durante la campaña presidencial y hasta ahora fue la mano derecha del mandatario, quien se resistía a pedirle la renuncia, pese a que casi toda la oposición pedía su salida para continuar debatiendo las reformas oficialistas.
Una de las polémicas que más afectó a Jackson llegó por un investigación periodística del diario online Timeline, que reveló la firma de tres convenios del Estado con una fundación por medio millón de dólares, que estarían siendo investigados por corrupción.
La fundación la dirige la expareja de la diputada Catalina Pérez, ambos de Revolución Democrática, partido fundado por Giorgio Jackson.
El pasado martes el opositor Partido Republicano de Chile anunció que el lunes presentaría una nueva acusación constitucional (juicio político) contra Jackson, quien es cuestionado por presuntos casos de corrupción en su cartera.
Luego de la renuncia, la oposición dijo que no continuarán con la idea del juicio político contra Jackson.
La oposición ya presentó cuatro acusaciones constitucionales que no prosperaron, la primera contra la entonces ministra del Interior, Izkia Siches; al ahora exministro de Desarrollo Social , Giorgio Jackson, por “abuso de autoridad y poder”; otra contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y la más reciente, a mediados de julio, contra el ministro de Educación, Macro Antonio Ávila, todas rechazadas.
Estipulada desde 1828, la acusación constitucional es un proceso jurídico y político cuyo fin es que los funcionarios públicos respondan ante denuncias de presuntas violaciones de la carta magna, para su eventual destitución o inhabilitación para el ejercicio del cargo u otra función pública.
En la historia del país apenas prosperaron 20 de las casi 100 iniciativas legislativas.
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