El presidente del TOF 1, Ricardo Basílico, encabezará a partir de las 9 la inspección junto a las querellas y las defensas y varios sobrevivientes en el ex centro ubicado en las calles Alison Bell y Garibaldi, donde funcionó la Brigada de Investigaciones de Quilmes durante la última dictadura militar.
Los delitos de lesa humanidad cometidos allí son juzgados desde octubre de 2020 por el TOF 1, en forma conjunta con las graves violaciones cometidas en otros centros de detención, como los llamados Pozo de Banfield, El Infierno de Lanús y la Brigada de San Justo.
"Desde el 1° de enero de 1977, el mencionado edificio -ubicado en Allison Bell y Garibaldi de la localidad de Quilmes- permaneció a disposición de la autoridad militar", según consta en la elevación a juicio.
Se precisó que "las víctimas alojadas allí a partir de enero de 1977 describieron el funcionamiento del mismo y aseguraron que los encargados de hacer las guardias siguieron siendo policías, aunque era el Ejército el que se encargaba de realizar controles y practicar interrogatorios".
La investigación fiscal demostró que al Pozo de Quilmes "ingresaban miembros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas del Ejército Uruguayo -O.C.O.A.- que eran los encargados de tratar con un numeroso grupo de detenidos de nacionalidad uruguaya, a quienes, entre otras cosas, interrogaban".
En cuanto a las condiciones de detención, las víctimas revelaron que sufrieron torturas "bajo la aplicación de la picana eléctrica, submarino, golpes, simulacros de fusilamiento", además de haber sido "obligadas a escuchar el sufrimiento de otros y otras compañeras de cautiverio".
También, según la investigación, fueron denunciados hechos de violencia sexual en ese centro clandestino.
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