El TOF de General Roca lleva adelante un juicio contra cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por el asesinato del joven mapuche, cometido el 25 de noviembre de 2017 en la localidad de Villa Mascardi, Bariloche, en el marco de un conflicto por la propiedad de tierras reclamadas por la comunidad Lafken Winkul Mapu.
El subprefecto Berra dijo que la Prefectura Naval "no es una fuerza idónea" para actuar en la montaña y aseguró que existió un enfrentamiento armado, aunque no dio detalles sobre si escuchó o no disparos por parte de los integrantes de la comunidad.
La tercera audiencia del juicio oral y público por el asesinato de Nahuel se inició con la declaración de Pablo Rubén Berra, jefe del operativo que concluyó con la muerte del joven mapuche.
Berra no subió a la montaña ni participó de la persecución de los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, y su declaración fue propuesta por todas las partes intervinientes.
La sala del Tribunal Oral Federal de General Roca en la que se sustancia el juicio estuvo hoy con poca presencia, ya que ni los abogados que representan a la familia de Nahuel, ni el de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche, ni los abogados defensores viajaron para participar, y se limitaron a escuchar y preguntar vía la plataforma Zoom.
Tampoco estuvieron los padres de Rafael Nahuel en la sala, donde sí participaron el abogado y el equipo de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Berra, primer testigo del día, declaró durante cuatro horas y en el tramo central de- sus dichos explicó que en aquélla oportunidad dispuso que dos grupos operativos ingresen al territorio en disputa entre la comunidad y Parques Nacionales.
El primero de ellos, expresó, estuvo "compuesto por tres o cuatro personas, no recuerdo con precisión", señaló que subió montaña arriba para cumplir la orden del juez de controlar el perímetro del predio, e "identificar y detener" a las personas que pudiesen encontrarse allí.
El abogado de la APDH, Sebastián Feudal, le recordó que en su declaración durante la instrucción había admitido que el juez interviniente en el desalojo -Gustavo Villanueva- "nos dio unas fotografías con nombres de personas que en caso de ser halladas debían ser detenidas".
Otro de los puntos que Berra no logró aclarar es la cantidad y tipo de armamento que portaban los Albatros.
"La patrulla que subió a la cima no llevó (subfusiles) MP5", aseguró este martes. Sin embargo, en su declaración indagatoria había detallado que uno de los uniformados, Carlos Valentín Sosa, portaba ese tipo de arma. Así se lo hizo recordar el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski.
Berra tampoco logró ubicar la distancia a la que se habría producido el enfrentamiento, aunque en un momento de su declaración aseguró que descendió corriendo "unos mil metros", lo cual ubicaría el asesinato de Nahuel fuera de los límites del territorio reclamado por la comunidad.
Consultado por el abogado defensor de tres de los cinco Albatros acusados, Marcelo Hugo Rocchetti, el subprefecto dijo que existió un "enfrentamiento armado", aunque no detalló si llegó a esa conclusión por los dichos de los uniformados que subieron a la montaña o por los sonidos que le llegaban de las deficientes comunicaciones por handy. A través de una de esas "modulaciones" escuchó, dijo, la solicitud de refuerzos y la autorización para "pasar a acción efectiva", es decir utilizar armas con munición de plomo.
Finalmente reconoció que temió por su vida y la del personal a su cargo, y reconoció que la Prefectura "no es una fuerza idónea" para actuar en la montaña.
Tras el asesinato de Rafael Nahuel, el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, y minutos antes de que su celular fuera secuestrado por la Justicia, Berra dejó dos audios de WhatsApp en los que relató su versión de los hechos, a partir de la narración realizada por los uniformados que subieron a la montaña y persiguieron a los mapuche.
Aseguró en esa oportunidad que los mapuches tendieron una emboscada a los Albatros, que realizaron maniobras defensivas con tácticas de guerra y que disparaban armas de tan grueso calibre que arrancaban árboles de cuajo. Ninguna de estas aseveraciones pudo ser probada durante la instrucción del expediente.
El segundo testigo que prestó declaración en la audiencia de hoy, el Ayudante de Primera de Prefectura, Eric Blanco, dijo que de acuerdo al protocolo de acción de la fuerza "no se puede utilizar" armamento letal en situación de persecución.
Esa aclaración podría perjudicar la situación de los integrantes de la Agrupación Albatros, ya que de acuerdo a las pericias y la inspección ocular, el grupo de mapuche fue perseguido montaña arriba por los uniformados que dispararon en 130 oportunidades con munición de plomo.
Blanco declaró durante dos horas y explicó que el día del asesinato permaneció en un hotel del Parque Nacional, distante unos 100 metros de la comunidad y lugar donde se llevaba a cabo el operativo.
Según su testimonio, en un momento determinado de la tarde de ese día, Berra le indicó que se apertreche y lo acompañe para subir al punto del conflicto, para asistir a sus compañeros. Pero no llegó ya que se cruzó con el grupo de avanzada que había disparado contra los mapuche y se encontraba bajando la ladera.
El Ayudante de Primera no supo decir qué armamento llevaba cada uno de los cinco imputados, con excepción de Pintos de quien aseguró sólo tenía una "marcadora", es decir un arma no letal.
Otro de los puntos no explicados por Blanco fue que afirmó haber escuchado una detonación -que más tarde identificaría como una "granada de aturdimiento"- que fue lanzada por Pintos, pero no escuchó ningún disparo, a pesar de la cercanía con el lugar de los hechos.
Así, la tercera jornada del juicio sólo incluyó el testimonio de dos testigos y se espera para mañana que otros cuatro uniformados -tres de Prefectura y uno de la Policía Federal- brinden su declaración ante el Tribunal.
Según estableció el Tribunal Oral Federal, se realizarán dos jornadas por semana. Inicialmente, hay 92 testigos citados por las partes, por lo cual se proyecta que la instancia oral del juicio se prolongue entre un mes y medio y dos.
Mientras se desarrollaba la primera parte de la audiencia, un grupo de manifestantes volvió a reclamar justicia en la puerta del edificio de tribunales.
Orlando Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, dijo en declaraciones a Télam que "hay una sensación de injusticia, privilegios, racismo, complicidad, protección y violencia institucional en este juicio".
Cuestionó que "se desarrolla a 500 kilómetros de la ciudad donde ocurrieron los hechos, la familia sin recursos económicos no pudo viajar esta semana, los imputados siguen las audiencias desde sus cómodas casas a más de 1.500 kilómetros, los testigos de las fuerzas de seguridad también lo hacen por Zoom y el juicio no se puede transmitir".
"¿Dónde están nuestros derechos humanos?", preguntó en ese contexto.
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