En entrevista con Télam, Salas señaló que las acciones en el Congreso contra el JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) -ente que se encarga de la parte operativa de los comicios- apuntan a someter a antejuicio político a los titulares de esos dos organismos, lo que en la práctica los vuelve dependientes del poder de los partidos.
"Quieren dejar sentado que nadie se puede oponer al Congreso, porque aquel que se oponga va a ser objeto de un juicio político, de una sanción, de una inhabilitación", afirmó el magistrado, quien está desde 2021 en la mira de las fuerzas de derecha que controlan el Legislativo.
"Se han presentado hasta cinco proyectos de ley para reformar el sistema electoral, afectando la autonomía" del JNE y la ONPE, señaló Salas, quien advirtió que esas iniciativas contrarían disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a la que Perú debe obediencia por los tratados suscriptos.
Diversos analistas denunciaron que el actual Congreso, cuyos índices de aprobación popular en las encuestas apenas bordean el 7%, está inmersos en una ofensiva para controlar a corto, mediano y largo plazo las principales instituciones del Estado, lo que atenta contra la institucionalidad y la democracia, y favorece proyectos autoritarios.
Dentro de esa denunciada ofensiva, la principal apuesta, según los denunciantes, es tener bajo control a los miembros del JNE y la ONPE, de forma que los puedan manejar en futuros procesos electorales.
"Yo ya no les soy tan importante, porque cesaré en noviembre porque así lo dice la ley (por el fin de su período de cuatro años), pero antes de que yo cese, quieren echarme, para dejar constancia de que la forma de desarrollar adecuadamente la función es ser 'conversable' (manejable)", dijo Salas.
Contra Salas, magistrado de larga trayectoria que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, hay una ofensiva política y mediática, con amenazas de muerte incluidas, desde que el candidato de izquierda Pedro Castillo fue elegido presidente en 2021, en segunda vuelta, con pequeña ventaja sobre la postulante de derecha Keiko Fujimori.
Los partidos que apoyaban a Fujimori denunciaron un fraude del que no presentaron pruebas. El proceso fue avalado e incluso elogiado por misiones de observadores y por la comunidad internacional, y Castillo fue jefe del Estado hasta que en diciembre pasado fue destituido por el Congreso y reemplazado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.
Para forzar la figura de que los miembros del JNE y la ONPE puedan ser sometidos a antejuicio político por el Congreso, los impulsores de las reformas argumentan, con un primer aval del Tribunal Constitucional (TC), que se trata de funcionarios que están al margen de controles.
"Esa es una falacia, porque estamos sometidos al control de la Junta Nacional de Justicia (JNJ); de hecho, hace seis meses yo pasé un control", dijo sin embargo Salas a Télam. La JNJ es el ente que controla a los integrantes del Poder Judicial y la Fiscalía.
La Corte IDH, en pronunciamientos referidos a Ecuador y Guatemala, entre otros países, enfatizó que quienes dirigen los órganos electorales deben estar dotados de independencia frente al poder político, figura que se quebraría en Perú de prosperar el antejuicio.
El TC, del que también sostiene la oposición que está ahora al servicio de quienes nombraron desde el Congreso a sus actuales magistrados, ha desatendido hasta el momento la posición de la Corte IDH, con el argumento de que se requieren resoluciones referidas a Perú explícitamente.
"Lamentablemente, el TC ha echado por tierra la jurisprudencia del propio TC, que ha dicho (en anteriores oportunidades) que las decisiones y recomendaciones (de la Corte IDH) deben ser acatadas y tienen que cumplirse no solo en lo referido al país, sino a otros países", cuestionó Salas.
La ofensiva contra él también llevó a Salas a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que "dictó una medida cautelar en favor mío para que pudiera desempeñar mi actividad libre de amenazas y de afectaciones a mi integridad personal".
Para el magistrado, es indispensable que "se investigue a las personas que amenazan, hostigan, hostilizan". Las amenazas de muerte, lanzadas generalmente desde el anonimato y por medios virtuales, escalaron recientemente al surgir durante una manifestación pública de La Resistencia, un grupo de ultraderecha que ejecuta violencia impunemente.
"Hay una marcada impunidad: en solo 2023 se han hecho 14 denuncias, pero las amenazas de muerte han sido convertidas por la Fiscalía en delitos de difamación (de menor gravedad) y se han archivado", señaló Salas.
Ya antes, tras la intervención de la CIDH, las autoridades se retrasaron en dar medidas de protección e incluso, después de adoptadas, la Policía anunció la posibilidad de retirarlas: "Hemos tenido que hacerles presente que la única entidad que puede levantar esas medidas es la propia CIDH".
La ofensiva contra Salas se reproduce contra el jefe de la ONPE, el politólogo Piero Corvetto. Para la oposición, la alianza que controla el Congreso quiere someter a todas las instituciones básicas, lo que ya habría logrado con el TC y la Defensoría del Pueblo.
EL JNE, que tiene la última palabra en cuestiones electorales, está integrado por cinco miembros: uno nombrado por la Corte Suprema, que lo preside (Salas en este caso); uno por la Fiscalía, uno por el Colegio de Abogados de Lima, uno por las facultades de Derecho de universidades públicas y uno por las de las universidades privadas. Los representantes no le deben obediencia a quien los designó.
Para el magistrado, lo que viene en el futuro inmediato es un panorama complejo, con la previsible insistencia del Congreso en el antejuicio y la posible expedición de medidas de la Corte IDH con menciones específicas a Perú.
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