“Lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer toda la verdad”, expresó el jefe de Estado en un acto en Plaza Constitución, al norte del Palacio de la Moneda, donde estuvo junto a políticos y familiares de víctimas de la dictadura (1973-1990).
El mandatario criticó la ausencia de algunos sectores del arco político: "No vinieron todos", afirmó.
“Cómo se responde a los que niegan lo que ocurrió. Cómo se responde a los que lo justifican y no son capaces de decir que no lo harían de nuevo", planteó el mandatario, para luego hacer la invitación a un acuerdo para nunca más "interrumpir la democracia por medio de la violencia", recogió el diario chileno The Clinic.
Luego volvió a apuntar a aquellos que “se atreven a negar esto” y se preguntó: “Cómo se responde a los que niega lo que ocurrió. Cómo se responde a los que lo justifican y no son capaces de decir que no lo harían de nuevo”.
El plan se refiere a la "desaparición forzada, de manera sistemática y permanente" y buscar responder a las "obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales", informó la presidencia en su página web.
El también llamado Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia tiene tres objetivos; "esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada".
El anuncio se hizo además en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este 30 de agosto.
El plan fue iniciado en 2022, durante el primer año de Gobierno del presidente Boric y cuenta con un componente participativo inicial, ya que a modo de preparativos "se llevaron a cabo 67 encuentros en todo el país con la participación de 775 personas, además de 4 mil asistentes a seminarios y reuniones con autoridades".
El trabajo de elaboración del plan contó también con el aporte de agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y más actores relevantes.
"De esta manera, el plan trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará con las investigaciones judiciales y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales", consignó el comunicado oficial.
El Ejecutivo chileno también informó que el plan "tendrá una gobernanza permanente" además de un "presupuesto asignado", por lo que existirá como un instrumento de política pública que "deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno".
Si bien el Gobierno reconoce que se deben realizar más esfuerzos "para contar con el registro más preciso posible de la cantidad de personas que fueron víctimas directas de la represión", asegura que diversas investigaciones judiciales, junto al trabajo de distintas instancias como las comisiones generadas por el Estado, "han establecido que al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer durante el periodo comprendido entre 1973 y 1990".
Y agrega que se ha llegado a estimar "sin certeza" que la cantidad de víctimas de desaparición forzada son 1.469 personas (1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas) y que las personas ejecutadas por causas políticas sin entrega de cuerpos son 377.
Hasta el momento, se ha responsabilizado penalmente por desaparición forzada de víctimas a "agentes estatales en calidad de autores, cómplices o encubridores, y a civiles en las mismas calidades".
Estos procesos han permitido identificar a 307 víctimas de desaparición forzada.
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