"Luego de los análisis realizados (...) se ha podido observar que existen muchas incongruencias, contradicciones y sobre todo variación de datos que evidencian irregularidades que incidieron en los resultados verdaderos de las votaciones", advirtió UNE en un comunicado.
El texto oficializa una sospecha que sobrevolaba el proceso porque UNE se resistía a reconocer el triunfo de Arévalo, que logró algo más del 58% de los votos en el balotaje.
“El triunfo se reconoce cuando se terminan de contar todos los votos”, había dicho en la semana el responsable de UNE ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Torres perdió el domingo su tercera chance de acceder a la presidencia, porque también había sido derrotada en las segundas vueltas de 2015, ante Jimmy Morales, y de 2019, ante el ahora mandatario Alejandro Giammattei.
Ante las supuestas anomalías, el abogado de la UNE, Carlos Aquino, presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de los cinco magistrados del TSE por delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
En la denuncia, UNE asegura que los magistrados "ocasionaron fraude electoral que cambió los resultados verdaderos de las votaciones, vulnerando la voluntad popular expresada por el pueblo a través del voto".
Aquino explicó además que debido a la "serie de irregularidades" solicitó a la Contraloría General de Cuentas una auditoria informática forense de todos los sistemas informáticos del TSE.
La denuncia dejó en segundo plano el reclamo del Gobierno de Guatemala a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que tenga “prudencia” en sus pronunciamientos, según pidió en un comunicado en el que además informó que la seguridad del electo presidente Arévalo ya había sido reforzada aún antes de que el organismo dictara medidas cautelares en su favor.
El Ejecutivo de Giammattei remarcó que puso a disposición de Arévalo “todas las medidas de protección necesarias” tanto de parte de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) como de la Policía Nacional Civil (PNC) para garantizar la vida e integridad del candidato y su compañera de fórmula, Karin Herrera.
"Hacemos un llamado a la CIDH a la prudencia. Es necesario que la comisión se pronuncie de manera objetiva y se garantice la imparcialidad por las consecuencias que declaraciones infundadas puedan generar", puntualizó el Gobierno.
El texto del Ejecutivo detalla que los supuestos planes para atentar contra el binomio fueron alertados el 20 de agosto por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público y que de inmediato se puso en conocimiento del tema a Arévalo.
Eso permitió “de forma inmediata hacer las coordinaciones necesarias con la Dirección General de la PNC a efecto de brindar mayores medidas de seguridad”.
Detalló además que ayer, tras una conversación telefónica con el líder del Movimiento Semilla y su escolta en la fórmula “las instituciones encargadas de garantizar su seguridad se reunieron, acordando realizar un análisis de riesgo con el objetivo de fortalecer los dispositivos de seguridad con los que ya cuentan e incrementar el número de elementos conforme a las necesidades que sean detectadas y de acuerdo con las recomendaciones de la CIDH”.
La CIDH reclamó ayer medidas especiales de protección para el futuro presidente a partir de datos que señalan la existencia de un llamado “Plan Colosio”, para atentar contra Arévalo.
El nombre del supuesto plan alude a Luis Colosio, economista y varias veces legislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México asesinado en marzo de 1994 en Tijuana cuando era aspirante a la presidencia.
La CIDH advirtió sobre “vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte” sobre Arévalo después de su triunfo en la segunda vuelta, el domingo último.
Otro plan, del que Arévalo mismo informó al Ministerio Público, estaría vinculado a presuntas “estructuras criminales de pandillas”.
El recrudecimiento del debate sobre la seguridad del mandatario electo coincidió el pedido de la Fiscalía de Guatemala al Congreso para que suspenda al Movimiento Semilla.
La Fiscalía investiga al partido por supuestas irregularidades en las afiliaciones, y el juez Freddy Orellana ya había dispuesto la suspensión de la personería antes del balotaje, pero ese fallo fue dejado sin efecto por instancias superiores.
Justamente cientos de ciudadanos protestaron hoy para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del fiscal Rafael Curruchiche, por sus investigaciones contra Semilla.
"El poder está en el pueblo dice la Constitución ¡Renuncien!", dijo desde un altoparlante la exdiputada Sandra Morán frente a la sede de la Fiscalía.
Porras y Curruchiche fueron incluidos por Estados Unidos en un listado de figuras "corruptas".
Las manifestaciones llevaron a Porras a presentar ante un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra Giammattei, el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, y el director de la Policía Nacional Civil, Edwin Adriano López, para que preserven su seguridad y hagan valer la autonomía en independencia de esa institución.
La acción judicial, según el sitio de Prensa Libre, busca que los funcionarios aludidos “adopten las medidas preventivas para resguardar la independencia” del MP, que se ha visto “vulnerada por el uso de distintas redes sociales utilizadas por las personas que se identifican con usuarios de la red social Twitter ahora denominada X, y otras redes sociales”.
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