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El gobierno nicaragüense canceló la personalidad jurídica a jesuitas y confiscó sus bienes

(24/08/23 - Nicaragua)-.Nicaragua canceló hoy la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús, con lo que todos sus bienes pasan al Estado, una semana después de confiscarle una universidad tras acusar a la orden religiosa de "terrorismo".

En una nueva acción contra la Iglesia Católica, una resolución del Ministerio del Interior nicaragüense privó de personalidad jurídica a la orden jesuita, argumentando que estaba en "incumplimiento con sus obligaciones", según informó la agencia de noticias AFP.

La resolución dice que los jesuitas no reportaron sus estados financieros entre 2020 y 2022, ni los detalles de ingresos y egresos, además de que "tenían su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020".

El gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene una conflictiva relación con la Iglesia católica y varios religiosos han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales.

La resolución firmada por la ministra María Amelia Coronel Kinloch y publicada en el diario oficial La Gaceta, señala que con los incumplimientos a la ley, la directiva de la Compañía de Jesús "obstaculiza el control y vigilancia" por parte de las autoridades.

Además, afirma que la orden religiosa no promueve "políticas de transparencia en el control y manejo de la asociación" ni de la revisión de las mismas por las autoridades.

Al menos dos colegios privados en Managua, el Loyola y el Centroamérica, eran manejados por la Compañía de Jesús, la misma orden a la que pertenece el papa Francisco.

Hace una semana, la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) suspendió sus actividades luego de que un tribunal de Managua ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de amparar "terroristas" durante las protestas de 2018.

El Gobierno la renombró esa casa de estudios, Universidad Casimiro Sotelo, en homenaje a un dirigente estudiantil sandinista que enfrentó a la dictadura de Anastasio Somoza y fue asesinado por eso.

Los bienes muebles e inmuebles de la orden pasan a manos del Estado de conformidad con el reglamento de la ley 1115, que regula el funcionamiento de las asociaciones, según la resolución.

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