"Se desperdiciaron 25.000 millones de euros con la renta de ciudadanía. Hoy, quien quiere trabajo lo encuentra", planteó esta semana en declaraciones a la prensa la ministra de Trabajo, Marina Calderone, vocera de la eliminación del subsidio para casi 160.000 beneficiarios dispuesta por el Gobierno desde fines de julio, que provocó una fuerte reacción por el fondo y por las formas de la decisión.
A fines del mes pasado, el Gobierno que encabeza Giorgia Meloni comenzó a enviar mensajes de texto y correos electrónicos en los que anunció a unos 159.000 grupos familiares que habían cobrado ya siete meses del subsidio que dejarán de recibirlo a partir del mes que viene, como había prometido la premier en la campaña electoral que la llevó al Ejecutivo en 2022.
Según datos del instituto de la Seguridad Social italiana, el INPS, 895.000 familias recibieron la renta básica en junio.
El principal argumento del Gobierno es que las personas consideradas "ocupables", entre los 18 y los 59 años y sin discapacidades, podrían encontrar trabajo si lo desean y no necesitan una renta.
Los datos oficiales, de todos modos, muestran que, si bien la desocupación bajó en junio al 7,4%, se mantiene por encima de la media europea del 5,9%.
"Cabe recordar que frente a 112.000 hogares que perciben una renta básica con un componente de edad laboral considerada empleable, en Italia, en estos momentos, se prevé la contratación de 1,5 millones de trabajadores, de los cuales el 48% son difíciles de encontrar", buscó argumentar Calderone en esa decisión.
La eliminación de la renta de ciudadanía, que se otorga a una persona por núcleo familiar, busca ser compensada con la introducción de dos nuevas medidas.
Por un lado, las personas que el Gobierno llama "ocupables" que no tengan empleo recibirán 350 euros a través del denominado Apoyo para la Capacitación y el Trabajo.
Entre las mayores novedades, este programa durará 12 meses en vez de los 18 de la renta de ciudadanía, a la vez que será asignado a las personas y no a los grupos familiares. Así, solo en una familia con tres o más desocupados entre 18 y 59 años será más conveniente la nueva herramienta, según aduce el Gobierno.
La nueva medida incluye además otros requisitos como tener ingresos declarados anuales menores a 6.000 euros por familia y ser ciudadano europeo, titular de un permiso de trabajo o familiar.
La otra medida con que el Gobierno quiere reemplazar la renta de ciudadanía es el denominado "subsidio de inclusión", que entrará en vigor a partir de enero para las familias que el Gobierno considera "no ocupables", o sea mayores de 60, menores de 18 o con discapacidad.
El nuevo subsidio dará entre 480 y 560 euros mensuales a los beneficiarios, más un complemento para alquiler de hasta 3.360 euros al año, que se pagarán a partir del 1 de enero de 2024 a través de una tarjeta ad hoc que será emitida por el Gobierno.
Al igual que la renta de ciudadanía que busca reemplazar, el nuevo subsidio durará 18 meses, con la posibilidad de renovarlo por otro año si hay una pausa de un mes en la asignación.
Entre los requisitos, similares a los de la medida anterior, el Gobierno introdujo elementos patrimoniales como no tener autos o motos de gran cilindrada, al tiempo que tampoco serán aceptados quienes tengan una propiedad con valor fiscal mayor a 150.000 euros.
Instituido en 2018 durante el Gobierno del entonces premier Giuseppe Conte, la renta de ciudadanía otorga hasta 780 euros al mes a desocupados, en medio de una escala variable según la edad y el núcleo familiar, y establece la inscripción en un registro nacional para recibir ofertas de trabajo, de las que el beneficiario solo puede rechazar una vez para no perder el beneficio.
Convertida en bandera electoral del hoy opositor Movimiento Cinco Estrellas que encabeza Conte, la renta de ciudadanía ya alcanzó a más de 1,2 millones de familias en 2023 y fue uno de los temas principales del debate durante la campaña para las elecciones que en 2022 permitieron la llegada de Meloni al Gobierno al frente de una coalición de partidos de derecha y ultraderecha.
Más allá de las críticas de buena parte del sistema político, el Ingreso ayudó durante la pandemia a que un millón de personas no cayeran en la pobreza, según publicó en julio de 2022 el instituto oficial de estadísticas Istat. Así, la medida se convirtió en una fuente de ingreso central para casi cuatro millones y medio de personas, con apenas un 0.28% de irregularidades.
La llegada de los mensajes con la suspensión de la renta de ciudadanía, anunciada a inicios de año, provocó una serie de protestas en varias ciudades del país, especialmente en el postergado sur, donde se concentraron los recortes al programa.
A nivel político, la oposición de centroizquierda liderada por Conte afirmó que suprimir la renta básica es desencadenar "una guerra ideológica con la piel de los pobres".
Desde la unión sindical CGIL, el secretario general Maurizio Landini denunció que "el Gobierno recorta los ingresos de 159.000 familias y al mismo tiempo sigue haciendo amnistías fiscales en un país donde uno es pobre mientras trabaja y donde la mitad del país lucha llegar a fin de mes".
En la principal fuerza de centroizquierda, el Partido Democrática, la secretaria general y diputada Elly Schlein rechazó que "a 159.000 familias con dificultades para comer se les avisó que ya no recibirán apoyo contra la pobreza con un SMS. Es brutal".
Desde la Iglesia, en tanto, el director de Caritas de Italia Marco Pagniello advirtió que la supresión de la renta podría significar "la exclusión de una porción de los pobres".
Para Pagniello, más allá de algunas irregularidades puntuales en beneficiarios mal asignados, "la renta de ciudadanía seguía representando una medida universal de apoyo a las personas en situación de pobreza, como lo son todas las rentas mínimas en los países europeos. Y ahora existe el riesgo de que alguien se quede fuera y eso nos sigue preocupando", planteó al diario de la conferencia episcopal Avvenire.
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