"Tenemos una duda legal. El artículo 57 numeral 7 de la Constitución dice que quienes tienen que decidir sobre una actividad extractiva de iniciación y fin de actividad petrolera tienen que ser los habitantes de la zona donde está situado el yacimiento petrolero. El bloque ITT está en el campo en la provincia de Orellana y, según resultados preliminares de la consulta, los habitantes de Orellana han dicho no a la consulta, queremos que continúe la actividad", señaló Santos.
El bloque en discusión es el 43 ITT (Ishpingo-Tiputini-Tambococha) de Yasuní, considerada una reserva de características inusuales.
Hasta conocerse los resultados de la consulta, el Gobierno no había objetado que votaran los ciudadanos de todo el país como parece advertirlo ahora, más allá de que hizo campaña en favor del No a frenar la explotación.
"Sí, la vamos a acatar (la consulta), pero tenemos algunas consideraciones que hacer. No es entrar con un bulldozer y destruir la infraestructura existente", manifestó el funcionario en entrevista con la televisora local Ecuavisa.
El artículo 57 de la Constitución señala que las comunidades locales tienen derecho a "la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente".
Los resultados preliminares de las votaciones del domingo último indican que el 57,99% de los votantes en Orellana dijo No y el 42,01% Sí a terminar con la explotación de crudo.
El funcionario señaló que por lo pronto se va a seguir explotando el Yasuní y que para su desmantelamiento se necesitará un presupuesto de aproximadamente 600 millones de dólares, que el país no tiene disponible actualmente.
Añadió que ese monto también tendrá que ser incluido en el presupuesto del Estado para el 2024, un cálculo de gastos con el que gobernará quien gane la segunda vuelta de octubre, entre Luisa González y Daniel Noboa.
El colectivo Yasunidos, uno de los impulsores de la consulta, llamó a la población a estar alertas y adelantó que si el gobierno no cumple la decisión de la ciudadanía acudirá a la Corte Constitucional para que sean destituidos los funcionarios responsables, según las agencias Sputnik y ANSA.
Fue justamente la Corte Constitucional la que avaló la realización de la consulta, por la que Yasunidos hizo campaña durante 10 años.
"Queremos que el país sea consciente de este problema constitucional. Ellos son los únicos que pueden decir Sí o No según la Constitución", insistió Santos, para quien "la propia Corte (constitucional) debería pronunciarse".
El ministro también sostuvo que es "imposible" desmantelar las estructuras en el plazo de un año, como estableció el mismo tribunal.
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