En el marco de la causa que investiga el mal desempeño de los miembros de la Corte Suprema en el fallo sobre la coparticipación, la presidenta de la comisión, la diputada nacional Carolina Gaillard (Frente de Todos) convocó para el martes a las 13 además de D'Alessandro, a Miguel Federico de Lorenzo, Secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema, y a Gabriel Astarloa, Procurador General de la Ciudad.
En la última reunión, y ante una nueva ausencia de D'Alessandro, el oficialismo propuso que se adopte "la misma tesitura que tomamos con los otros testigos, citándolo nuevamente para la próxima reunión, bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente", debido a que se trata de la segunda vez que no concurre.
De esta manera, Gaillard hizo referencia a Aldo Tonón, exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales, quien compareció ante ese cuerpo en mayo pasado, luego de que un juez le notificó que debía presentarse a declarar, tras haber sido citado en tres oportunidades ante la negativa a concurrir porque está imputado en tres causas penales relacionadas con presuntas irregularidades en su gestión.
Para el oficialismo, D'Alessandro es sospechoso de haber intercambiado chats a través de WhatsApp con Robles, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
En la última reunión de la comisión, que se desarrolló sin la presencia de la oposición, que denunció la existencia de "nuevas irregularidades vinculadas con la citación de testigos", se aprobó además un pedido para solicitar a la Corte Suprema sanciones a Silvio Robles, el principal asesor no letrado de Horacio Rosatti, que concurrió semanas atrás a la comisión, pero se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como "reticente a aportar información" y pidió que se lo sancione por esa actitud.
En el marco de la reunión, y respecto al fallo sobre coparticipación, Gaillard justificó el mal desempeño de los integrantes de la Corte en esa causa y leyó un escrito de la comisión en el que los legisladores sostienen que se trata de "una resolución arbitraria que contiene vicios jurídicos", donde se omitió -entre otras cuestiones- la intervención de las provincias y la ausencia de pautas objetivas en la determinación del porcentaje.
El expediente que analiza la comisión de Juicio Político está basado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso el pasado 21 de diciembre que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.
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