El juicio abarca los crímenes cometidos en jurisdicción de la Brigada de Infantería VII, que tenía su sede en la ciudad de Corrientes y tenía responsabilidad sobre las provincias del noreste argentino, Chaco, Formosa, Misiones y parte de Corrientes.
En la región funcionaron varios centros clandestinos de detención, uno de los más importantes estuvo en el Regimiento de Infantería 9 (RI 9) de Corrientes, dependencia militar que llevó adelante la represión en la provincia.
Están imputados Eduardo Antonio Cardoso, Alfredo Carlos Farmache y José Emilio Mechulán, oficiales del comando de la Brigada VII; Abelardo Carlos De la Vega y Horacio Losito, integrantes de la plana mayor del Regimiento de Infantería 9; Raúl Horacio Harsich y Juan Carlos De Marchi, personal de inteligencia de RI 9, y los exintegrantes de Gendarmería Raúl Reynoso, Abelardo Palma y Pedro Armando Alarcón. Serán juzgados por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios.
De Marchi, Losito, Reynoso y Harsich ya fueron condenados en debates anteriores en la provincia y en otras jurisdicciones. Para el resto, será la primera vez que sean juzgados por crímenes de lesa humanidad.
Este es el décimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la provincia y el de mayor cantidad de víctimas y de acusados. Por las demoras judiciales, pasaron casi cuatro años entre la elevación a juicio y el inicio del debate.
En ese lapso de tiempo, dos imputados fallecieron y otros dos fueron apartados del proceso por problemas de salud.
Hoy en la Argentina se están llevando adelante más de 15 juicios orales en diferentes provincias y la secretaría de Derechos Humanos es querellante en dos de cada tres de esas causas.
Desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por la justicia más de 1.100 genocidas.
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