Como lo indica la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de febrero de 2020, las familias criollas recibirán apoyo para la instalación de pasturas, cerramientos y represas de agua con fines productivos, en el marco del Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos (AGRO XXI).
Es la primera vez, en 30 años de conflicto territorial, que el Estado Nacional realiza una inversión destinada a apoyar a la totalidad de las 250 familias campesinas que firmaron acuerdos con las comunidades indígenas para reubicarse fuera de su territorio.
A su vez, AGRO XXI también financia la instalación de cercos agroforestales para la producción de alimentos entre las comunidades indígenas, con el fin de cumplir las órdenes impuestas en la sentencia en materia de soberanía alimentaria.
Del evento participaron Nicolás Rapetti, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos y titular de la Unidad Ejecutora de la Sentencia, Pablo Sívori, subsecretario de Gestión Federal para el Desarrollo del Ministerio de Economía.
También participaron autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y los ministerios de Desarrollo Social, Infraestructura y de la producción del Gobierno de Salta.
La formulación, diseño y ejecución en territorio de los proyectos estuvo a cargo del equipo local INTA-INAFCI y de la Unidad Ejecutora de la Provincia.
Lhaka Honhat es una asociación de comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí, Iyjwaja, Komlek, Niwackle y Tapy’y, que habitan en la provincia de Salta, cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay.
El reclamo por la entrega de un título único para todas las comunidades indígenas respecto de las tierras que ocupan ancestralmente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento del CELS, en 1998.
En el transcurso de los años, los pobladores originarios y criollos se organizaron políticamente y llevaron adelante trascendentales negociaciones sobre el territorio de 643 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14, con la participación del recientemente fallecido coordinador de Lhaka Honhat, Francisco Pérez.
En 2018, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó al Estado argentino ejecutar aquellos acuerdos, particularmente, "delimitar, demarcar y otorgar" los títulos de propiedad para las comunidades, y generar las condiciones para garantizar la "relocalización" de las familias criollas.
Publicar un comentario