Los jueces de Casación Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky rechazaron, por unanimidad, el recurso interpuesto por la defensa de Caballero Vidal contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan.
Caballero Vidal, exintegrante de la Corte de San Juan y juez penal de la misma provincia al momento de los hechos, "fue acusado de no motivar la investigación para esclarecer el secuestro y las torturas sufridas por una de las víctimas".
"Héctor Cevinelli fue secuestrado en su hogar delante de su esposa, quien acudió a un abogado, el que realizó la denuncia de habeas corpus tanto en el fuero federal como en el provincial donde el condenado era juez", recordaron las fuentes.
Añadieron que "una vez que Cevinelli fue liberado, el abogado se presentó ante el juez para anoticiarlo de lo acontecido y mencionarle que quedaba pendiente la investigación por el robo de sus efectos personales, ocasión en la que Caballero Vidal indicó que 'sabía que Cevinelli no tenía nada que ver con la subversión y que tenía muchas posibilidades de aparecer' y que 'supongo que tendrán poderosas razones para olvidarse de todo lo acontecido'".
El segundo hecho juzgado está vinculado con la muerte de Alberto Carvajal, "asesinado luego de sufrir torturas dentro del penal de Chimbas", contaron los vocedos.
El ex juez "ordenó realizar la autopsia al cuerpo de Carvajal, pero sin profundizar la investigación sobre los motivos de muerte. Ambos casos ocurrieron en el año 1977", dijeron las fuentes.
La Sala IV de Casación "consideró adecuadamente fundada la resolución del TOF de San Juan" e indicó que "los cuestionamientos efectuados por la defensa fueron una reedición de aquellos planteos realizados durante el juicio y contestados por el tribunal previo".
Además, los magistrados entendieron que "el principio de congruencia no se vio afectado en el caso, dado que no se observaron modificaciones en la plataforma fáctica atribuida a Caballero Vidal durante todo el proceso", señalaron los portavoces.
El exjuez fue condenado a la pena de "dos años de inhabilitación y el pago de las costas del proceso".
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