La protesta de este viernes es la segunda que se registra en lo que va de la semana en la capital de Perú desde que el miércoles pasado se reactivaron las movilizaciones después de cinco meses.
La marcha, convocada por organizaciones de izquierda, buscaba la renuncia de la jefa de Estado, la disolución del Congreso y el adelanto de elecciones, y convocó a miles de ciudadanos en Lima y otras ciudades del país.
En la capital, la Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que ocuparon la céntrica plaza San Martín, en medio de forcejeos con las fuerzas del orden.
Al menos tres manifestantes fueron detenidos, dijeron la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, informó la agencia de noticias AFP.
La Defensoría del Pueblo no reportó heridos, pero el diario La República dijo que hubo 11 en Lima. El periódico, que no citó fuentes, agregó que otras 10 personas fueron detenidas.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos afirmó en sus redes que se trató de una “represión injustificada" contra la población que ingresó a la plaza San Martín a expresar su rechazo contra "el régimen de Boluarte”.
“La ciudadanía tiene el derecho de usar las plaza públicas para hacer oír su voz”, agregó la organización.
La marcha fue menor que la del miércoles, cuando más de 4.000 manifestantes ganaron las calles de Lima.
Esta vez no participaron opositores de centro y centroderecha.
Los organizadores pretenden continuar la próxima semana con las marchas, para coincidir con la fiesta nacional de Perú el 28 de julio.
Se convocaron nuevas protestas para el 27, 28 y 29 de julio.
A diferencia de la protesta del miércoles, que afectó a 64 provincias del país, equivalente al 32% del territorio peruano, la del sábado involucró a dos provincias (1% del territorio), señaló la Defensoría.
Las manifestaciones volvieron después de cinco meses, cuando las primeras protestas contra Boluarte dejaron 50 muertos entre diciembre 2022 y febrero pasado.
Una de las consignas de las protestas es reclamar justicia por los 50 muertos de la represión policial y militar, tras la destitución del presidente de izquierda Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre luego de que intentara disolver el Congreso.
Castillo cumple 36 meses de prisión preventiva a la espera de un juicio.
El Congreso, controlado por la derecha, rechazó a inicios de año dos proyectos de Boluarte para adelantar las elecciones a 2024. Luego, ambos acordaron tácitamente permanecer en sus cargos hasta el fin de sus mandatos en julio de 2026.
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