“Lo qué pasa en el Congreso es cada vez más grave. Nadie los ve, nadie los fiscaliza. La prensa hace la vista gorda y festinan como quieren”, comentó la ex parlamentaria de izquierda Marisa Glave sobre la situación, que se da a pesar de que, según las encuestas, la aprobación popular al Congreso está por debajo de 10 por ciento.
“Cuando se carece de legitimidad, aparece la legalidad como herramienta”, le dijo a Télam el politólogo Roger Santa Cruz, para quien el Legislativo aprovecha la distracción ciudadana para copar instituciones más allá de las próximas elecciones, de las que ni siquiera se sabe con certeza cuándo serán.
Controlado por tres partidos de derecha radical -Fuerza Popular (FP), Avanza País y Renovación Popular (RP)-, el Congreso ya logró, mediante un controvertido proceso de selección de magistrados, que sus aliados ideológicos tengan mayoría incontrastable en el Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra en asuntos constitucionales.
Ahora, según las denuncias, el Congreso va por la Defensoría del Pueblo y, como siguiente paso, por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con lo que se apunta supuestamente a controlar los comicios mediante magistrados y funcionarios aliados.
Dos candidatos de los que analistas aseguran que seguirán sin reparos las instrucciones del Congreso, Jorge Rioja y Josué Gutiérrez, están en carrera para reemplazar en la Defensoría a Eliana Revollar, quien ha sido clave para documentar excesos cometidos por policías y militares en la represión de las protestas populares.
Gutiérrez o Rioja -quien aparenta contar con más posibilidades para acceder al cargo- reemplazarán a Revollar desde mayo, tras un proceso en el que FP, Avanza País y RP contaron no solo con apoyo de aliados de otras fuerzas de centroderecha, sino de la mayor bancada de izquierda, la del ex partido gobernante Perú Libre (PL).
Ese pacto de hecho, al que analistas llaman “fujicerronista” por la líder de derecha Keiko Fujimori y el jefe de PL, Vladimir Cerrón, les ha permitido a esos dos sectores teóricamente adversarios oponerse a rivales comunes: grupos de izquierda, centroizquierda y centro a los que llaman despectivamente “caviares”.
El siguiente paso, según medios de prensa con posición editorial independiente, será el intento de controlar al JNE y la ONPE, instituciones que están en la mira de la derecha desde que validaron las elecciones que ganó Pedro Castillo en 2021, cuando se negaron a avalar la narrativa sin pruebas de un supuesto fraude.
“Allí está el proyecto de (la parlamentaria de Avanza País) Roselli Amuruz para recortar el mandato del jefe de la ONPE, Piero Crovetto, y del presidente del JNE, Jorge Luis Salas”, señaló el semanario Hildebrandt en sus Trece en un reportaje titulado “Los próximos golpes del Congreso”.
El proyecto de Amuruz incluye la posibilidad de que el Congreso pueda acusar constitucionalmente a las cabezas de los organismos, algo prohibido hasta ahora para evitar que puedan ser víctimas de venganzas del poder político.
El Congreso además tiene en su agenda, según las denuncias, el blindaje al gobierno de Dina Boluarte, con el trabaja en alianza, y a la fiscal general, Patricia Benavides, convertida, de acuerdo con la oposición, en una personalidad funcional a las fuerzas dominantes.
En ese marco, una congresista de FP, Vivian Olivos, presentó un proyecto para acusar constitucionalmente a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por abrir una investigación contra Benavides por presuntas irregularidades en sus actos.
La fiscal, de fuerte protagonismo, es acusada de ponerse al servicio de intereses políticos y de conductas puntuales, como mentir acerca de la formación académica que la avala para el cargo y maniobrar para favorecer a una hermana, la jueza Emma Benavides, señalada por supuestos vínculos con bandas del narcotráfico.
Para Hildebrandt en sus Trece, la iniciativa de Olivos apunta a debilitar a la JNJ, que supervisa la conducta de magistrados y fiscales, para tomar el control a futuro de todo el aparato judicial y del Ministerio Público.
La ofensiva parlamentaria alcanza incluso al otrora intocable Ministerio de Economía, clave en las políticas económicas, pues un proyecto de ley recientemente aprobado les da a los congresistas facultades para entrometerse en el manejo de fondos públicos, lo que, para Glave, harán “con base en prebendas políticas más que en un debate técnico”.
En concepto de Santa Cruz, la ofensiva ha tenido escasa respuesta popular pese a las resistencias que genera el Congreso, debido al contexto general, en el que el país está inmerso en una gran crisis social por las inundaciones que afectan a miles de personas, sobre todo en el norte. “La gente está ocupada en sobrevivir”, sentenció.
“Pero el malestar está latente”, advirtió Santa Cruz sobre la posible reactivación de las protestas populares, que paralizaron al país de diciembre a marzo y dejaron más de 60 muertes en acciones militares y policiales que la ONG Human Rights Watch y otros observadores tildan de “abusivas”, “atroces” y “violatorias del derecho internacional”.
Las protestas exigían la realización de elecciones prontas para renovar al Ejecutivo y Legislativo antes de 2026, cuando vence el período ordinario, un clamor que según encuestas es compartido por más de 90 por ciento de la ciudadanía.
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