La dirigente barrial fue condenada a 7 años de prisión en 2019 en el marco del cuestionado expediente que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en diciembre del año pasado rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de la dirigente social, Milagro Sala.
"Patricia Cabana, cumplió el 9 de enero de este año, los dos tercios de la condena a 7 años de prisión que le aplicó el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Jujuy en la causa denominada Pibes Villeros", explicó a Télam, Luis Paz, abogado defensor de la activista jujeña.
La dirigente enfrentó la causa impulsada por el Gobierno de Gerardo Morales, a quien calificaron como "el carcelero" de los dirigentes sociales en la provincia de Jujuy.
"El proceso de persecución judicial, político y mediático que encarceló a Patricia Cabana, conocido como 'law fare', produjo una gran herida a nuestra democracia. Este sistema de convivencia social está dañado", sostuvo Paz al analizar la situación procesal que atravesó la militante de la Tupac Amaru.
En ese sentido expresó que los "los presos y presas políticas de Jujuy pagan con sus cuerpos, con sus familias y con sus vidas el egoísmo de algunos dirigentes políticos que no han sabido o no han querido convivir con los que piensan diferente", en alusión a las acusaciones del gobernador jujeño y titular de la UCR.
"A estos dirigentes - continuó- más pronto que tarde los escupirá la sociedad que está naciendo", enfatizó el abogado defensor.
En el marco de la misma causa continúan cumpliendo con diversas condenas la referente social, Milagro Sala, quien permanece privada de su libertad en su domicilio de la capital jujeña, mientras que los dirigentes, Iván Altamirano y Miguel Sivila, siguen encarcelados.
En octubre de 2021 la justicia jujeña otorgó la libertad condicional a Mirta Guerrero, una de las integrantes de la Tupac Amaru, que cumplía prisión domiciliaria, luego de que organismos de derechos humanos reclamaran que se revirtiera su situación procesal.
Luego se le otorgó la libertad condicional a Graciela López, María Condori, Sandra Condori y Javier Nieva y ahora a Patricia Cabana, todas activistas sociales provinciales investigadas por el Poder Judicial local.
En el juicio "Pibes Villeros", además de Milagro Sala, se investigó a 29 personas, entre ellos exfuncionarios provinciales y cooperativistas, por una supuesta defraudación al Estado para la construcción de viviendas sociales.
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