En 37 fojas, la Unidad Operacional Antiterrorista y de Control de Actividades que Atenten Contra los Poderes Públicos y del Orden Constitucional de la PSA desglosó la actividad contenida en la nube de Google de la cuenta de Morel y presentó ante el juez criminal federal Marcelo Martínez De Giorgi el material obtenido con el uso del software de análisis Celebritie Pathfinder, indicaron fuentes judiciales.
Además de registros fotográficos y fílmicos sobre diversas protestas frente a la Casa Rosada, la Quinta presidencial de Olivos y el domicilio particular de la Vicepresidenta, el informe incluye diversas búsquedas que Morel realizó en Google y la plataforma Nosis para conseguir datos de varios funcionarios del FdT (entre ellos el Presidente Alberto Fernández).
Incluso, también, fue hallado un contrato de enero de este año "de colaboración y cesión de derechos" para la realización de una serie documental sobre el intento de asesinato de la ex presidenta con la firma "Producciones del Barrio S.L".
En febrero pasado, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de Morel y otros tres miembros de RF, pero cambió la calificación penal del delito, que dejó de encuadrarse en "intentar imponer sus ideas por la fuerza o el temor" a considerarse "incitación a la violencia colectiva".
Se trata de una causa que tiene a la ex presidenta entre los querellantes e investiga la violencia de los actos y las consignas desplegadas por esa agrupación (RF) en la vía pública y a través de redes sociales, donde llegaron a proponer "al kirchnerismo cárcel o bala".
Los procesados por Martínez De Giorgi son: Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile, a quienes consideró "coautores penalmente responsables del delito de incitación a la violencia colectiva".
Cuando los procesó, el juez sostuvo que, a través de su accionar violento, los miembros de Revolución Federal se constituyeron como "uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio" de Fernández de Kirchner.
El estudio que la policía entregó hoy al juez tuvo en cuenta el calendario, notas, agenda, imágenes, videofilmaciones, registros de llamadas, mensajes de texto, intercambios realizados a través de redes sociales y comunicaciones establecidas vía Whatsapp.
Con el trabajo de análisis se obtuvieron 50.988 elementos extraídos, constituidos en su mayoría por archivos de texto (en varios formatos) y elementos audiovisuales.
También se halló el formulario de incorporación a Revolución Federal y los pagos recibidos "mediante transferencias tanto del fideicomiso Espacio Añelo, como de Santa Clara al Sur" por "trabajos realizados por Morel" y los "montos de facturación por parte de su emprendimiento Dogo Carpintería por un total de $6.906.000).
En su mayoría, la investigación reveló archivos en imagen o video referidos a folletos o diseños virtuales con el propósito de criticar al Gobierno nacional y realizar convocatorias para realizar protestas callejeras.
Se hallaron también registros de pegatinas en barrios del conurbano bonaerense, con expresiones críticas o insultos hacia "el kirchnerismo o C.F.K" (por Cristina Fernández de Kirchner).
También fueron halladas fotos que dan muestra del proceso de construcción de una guillotina y luego una captura de pantalla de la red social Twitter, donde se puede visualizar ese artefacto con una leyenda debajo: "¡Quizás haya llegado el momento de que sea el pueblo el que comience a hacer recortes".
Además, Morel, Sabrina Basile y Leonardo Sosa aparecen en varias fotos en protestas frente a la Quinta de Olivos, frente al domicilio particular de Fernández de Kirchner y con antorchas, a modo de convocatoria a la manifestación del 25 de mayo del 2022, en el Parque Naciones Unidas, en el barrio porteño de Recoleta.
Una curiosa propuesta forma parte del contenido web de Morel: "cerrar el Ministerio de la Mujer", un objetivo para el cual "estarían recaudando información, como así también una cámara oculta y una llamada telefónica al 144 para evaluar la respuesta del personal" de esa cartera, que, según el procesado, "sería inoperante".
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