En nuestro país se aplicó la figura inicialmente a las víctimas de la última dictadura, sin embargo el avance en la política de derechos humanos ha permitido que crímenes cometidos por fuera de ese momento se incorporen a esta lista.
El decidido paso que se ha dado desde el gobierno de Santa Cruz, a presentarse como querellante en este pedido ante la justicia, se convierte en una brújula que nos indica hacia dónde no volver y que la verdad finalmente se abre paso aún en tiempos porosos como los actuales.
El pasado 14 de abril, la gobernadora Alicia Kirchner se reunió con Silvana Turner del Equipo Argentino de Antropología Forense y Marcelo Castillo, del Archivo Nacional de la Memoria, para avanzar en el camino de reparación y el establecimiento de la verdad sobre la masacre de los peones fusilados en las estancias patagónicas, hace poco más de un siglo.
Esta declaración para los fusilamientos ocurridos en Santa Cruz suma a la memoria sostenida, una reparación simbólica y pone en un nuevo lugar al Estado en cuyo territorio se perpetraron crímenes sobre peones rurales, trabajadores y dirigentes obreros desarmados.
Existieron denuncias y apelaciones a la justicia. A las publicaciones obreras, que muestran fotografías de los cadáveres mal enterrados, se suman pequeñas publicaciones como las del periodista Amador Gonzales, en 1921 y un tiempo después, el anuncio de una publicación de José María Borrero, que finalmente no vio la luz.
Será la investigación de Osvaldo Bayer y luego la divulgación de los hechos con la película Los vengadores de la Patagonia Rebelde, que aquellos crímenes se instalan nuevamente en la denuncia pública y en la memoria colectiva del movimiento obrero argentino.
Se convierten en hito, referencia de lucha y de injusticia. Los testimonios y documentos que se conocen refrendan que la campaña militar del 10 de caballería, fusiló a peones rendidos y en el informe de guerra - entregado como resultado de esa campaña militar- se habla de enfrentamientos pero, nunca hay referencias a heridos o muertos entre las tropas.
Hay un derrotero que se activa cuando la política nacional de Memoria, Verdad y Justicia incluye en la señalización de sitios de la memoria los sindicados como lugares de fusilamiento y fosas comunes en Santa Cruz. Se digitalizan documentos en el Archivo Nacional de la Memoria y se hacen estudios para ubicar los posibles lugares de enterramiento de los peones fusilados, sin llegar entonces a resultados exitosos en este sentido, pero profundamente fecundos en relación con una actualización de la memoria social e individual, pues los descendientes reclaman los cuerpos para un tratamiento digno. Me refiero al caso de Aurora López, acompañada por familiares y autoridades de la zona norte de Santa Cruz.
La solicitud de declaración como crimen de lesa humanidad es en parte resultado de las interacciones de las mesas locales, que durante la pandemia continuaron el trabajo con encuentros virtuales, donde irrumpió el testimonio de Séptimo T. Ruggero para compartir y actualizar la historia de su bisabuela Pura Fernández, esposa de Rogelio Ramírez y chofer del dirigente Outerello, por lo que fue detenido y cruentamente enterrado. También se suma el testimonio de Miguel Esteban en Río Gallegos, familiar de Juan Esteban, fusilado en Anita y luego la de Néstor Daffinoti, único nieto de Albino Arguelles, dirigente de la zona de San Julián.
Hago mención expresa a los descendientes pues independientemente de los resultados que se obtengan, la sociedad toda sepa que hay quienes reclaman justicia y que se suman a la querella presentada por el gobierno de Santa Cruz, para que estos crímenes sean considerados de lesa humanidad.
*Licenciada en Historia y miembro integrante de la red de Mesas por la Memoria de las Huelgas. Participa de la Mesa Local de Río Gallegos y de la Mesa Provincial en representación del Ministerio de Educación.
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