La "moción de vacancia" está incluida en la agenda de la sesión del pleno de mañana, que prevé también una interpelación al ministro de Defensa, confirmó hoy el parlamento.
Quienes promueven la iniciativa contra Boluarte necesitan un mínimo de 52 votos para que la propuesta sea debatida en el recinto, una cantidad de la que no disponen porque suman inicialmente unas 40 voluntades.
El jefe del Congreso, general retirado José Williams, puso paños fríos a la situación al asegurar tácitamente que no es tiempo de cambios dada la crisis política que atraviesa el país sudamericano.
"Pienso que un intento de vacancia en estos momentos no es apropiado, no es adecuado", declaró el líder parlamentario el fin de semana.
Si acaso la iniciativa es aprobada, el Congreso convocaría a Boluarte la semana entrante para defenderse ante el pleno.
El pedido fue presentado el 22 de marzo por las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Somos Perú y algunos diputados independientes.
Esos bloques fueron afines al expresidente Pedro Castillo, a quien el Congreso destituyó el 7 de diciembre después de que el entonces mandatario anunciara el cierre del Legislativo.
La izquierda "propone que el Congreso de la República declare la incapacidad moral permanente de la presidenta de la República, según el artículo 113 de la Constitución Política del Perú".
Además, "plantea declarar la vacancia de la Presidencia" y aplicar la sucesión colocando en el cargo a quien en ese momento esté al frente del Congreso.
"Estamos convencidos que no se va a admitir; la moción no tiene sentido", dijo a la prensa la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, según la agencia AFP.
A sus 60 años, Boluarte, que era vicepresidenta de Castillo, asumió el poder el 7 de diciembre pasado y debe ejercer hasta julio de 2026.
Es el primer pedido de destitución en su contra en el Congreso, mientras su antecesor afrontó tres.
La caída de Castillo desató violentas protestas en regiones andinas del sur de Perú y Lima, con 67 muertos y 1.335 heridos -según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado ayer- en medio de una feroz represión de policías y militares.
A raíz de ello, la Fiscalía abrió el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves".
Las movilizaciones en su contra exigen la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales.
El Congreso iba a tratar el jueves el proyecto de destitución, pero postergó el debate por unos días.
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