La intención del oficialismo es emitir dictamen en el plenario de comisiones de Legislación General, que preside Lucas Godoy (Frente de Todos); de Finanzas, a cargo de Alicia Aparicio; y de Legislación Penal, que encabeza María Luján Rey (PRO), previsto para mañana a las 11, y debatirlo en el recinto de la cámara baja el miércoles, en el marco de una sesión especial.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo, había sido analizado en noviembre pasado por las comisiones de Legislación General y Finanzas pero no había recibido dictamen, en tanto que en el plenario de mañana se suma también la de Legislación Penal.
La sanción de esa iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
Las comisiones volverán a reunirse tras el encuentro que mantuvieron el pasado 23 de noviembre en el que expusieron, además del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero; el director del Banco Central (BCRA), Zenón Biagosch; y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, entre otros.
Al exponer ante los diputados, Otero, señaló que se trata de "una reforma sustancial después de once años", y dijo que "es muy importante porque va a permitir mejorar la lucha contra el lavado de activos y la lucha contra el terrorismo".
Otero sostuvo además que "en septiembre de 2023 el país va a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera" y se analizará tanto al sector "público en los tres poderes como al sector privado", y recordó que en 2012 sumó nuevas recomendaciones e incorporó "la efectividad".
El proyecto de reforma es el resultado de las mesas de trabajo realizadas en la que participaron funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del BCRA, la CNV, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); los ministerios de Economía; de Justicia, y de Relaciones Exteriores; la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
La iniciativa contempla diversas reformas pero una de las más importante es que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y en ese sentido se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
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