"Su declaración de ayer (jueves) y cualquier intervención de su parte en (el) proceso (de adopción de la reforma) es ilegal", expresó Baharav-Miara en una carta dirigida a Netanyahu y publicada por el Ministerio de Justicia.
Netanyahu afirmó ayer que su Ejecutivo seguirá adelante con la reforma "de forma responsable" e incidió en que actuará para "defender los derechos individuales" de los ciudadanos, horas después de que el Parlamento aprobara una ley para impedir que sea cesado por sobrepasarse en sus funciones.
La propia Baharav-Miara ya le había pedido, en febrero, no "intervenir" en estos procesos por el juicio en su contra.
Hoy, la fiscal reiteró su mensaje en una carta dirigida a Netanyahu en la que subrayó que sus declaraciones "y toda acción que adopte" en lo relativo a la reforma del aparato judicial "es ilegal y está marcada por un conflicto de intereses", tal como recogió la agencia de noticias Europa Press.
"La situación legal es clara. Debe evitar cualquier participación en medidas para reformar el sistema judicial, incluida la composición del Comité de Nombramientos Judiciales, ya que este papel en estos asuntos sería un conflicto de intereses", reiteró Baharav-Miara.
Asimismo, la fiscal hizo hincapié en que el primer ministro "debe evitar dar instrucciones relativas a iniciativas judiciales, ya sea de forma directa o indirecta", tal como se lo había advertido en febrero.
En ese entonces, Netanyahu aceptó la sugerencia, aunque criticó que se le niegue participar en el debate de la reforma judicial que él mismo impulsa.
Fuentes cercanas a Netanyahu dijeron al diario israelí Haaretz que el premier "no ha violado ningún fallo del Tribunal Supremo o ningún acuerdo sobre conflicto de intereses" y aseguraron que sus palabras de ayer "no tienen repercusión alguna sobre sus asuntos personales".
"Netanyahu ya informó al Tribunal Supremo que ningún nuevo juez seleccionado por el Comité de Nombramientos Judiciales gestionará de forma directa o indirecta los asuntos del primer ministro", aseguraron.
El jefe de Gobierno israelí está siendo juzgado por corrupción en tres casos en los que se lo acusa por separado de haber recibido sobornos, fraude y violación de la confianza.
Además de las acusaciones de corrupción, su propuesta de reforma judicial ha desatado duras críticas de la oposición y de la ciudadanía, que se ha volcado a las calles en distintas ciudades del país en unas protestas que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad.
Anunciada a principios de enero pasado, la reforma judicial israelí incluye la introducción de una cláusula de "anulación" que permite al Parlamento anular una decisión de la Corte Suprema por mayoría simple.
Según sus detractores, pone en peligro el carácter democrático del Estado de Israel y podría ayudar a anular una posible condena de Netanyahu.
El primer ministro y sus aliados creen, por su parte, que la reforma es necesaria para restablecer un equilibrio de poder entre los legisladores y el Tribunal Supremo, que consideran politizado.
Publicar un comentario