Según su declaración en Miami, Jaar, de 50 años, reconoció haber brindado "apoyo material y recursos" al grupo atacante, aún sabiendo que serían utilizados para secuestrar y matar a Moise.
El empresario es el primero en declararse culpable entre los 11 imputados en Estados Unidos por planear la muerte de Moise desde el sur de Florida.
El mandatario haitiano fue asesinado a tiros el 7 de julio de 2021 por un comando de mercenarios colombianos en su residencia privada del barrio Pelerin de Puerto Príncipe, sin que intervinieran los responsables de su seguridad.
Según la acusación, Jaar alojó a los colombianos y les proporcionó armas.
Al declararse culpable, este exinformante de la agencia estadounidense antidrogas se comprometió a colaborar con la investigación, con la esperanza de ver reducida una condena que podría ser la cadena perpetua, según la agencia de noticias AFP.
El asesinato de Moïse -de 53 años- se debió a las ansias de dinero y de poder de varios de los inculpados en Estados Unidos, según declaró el 15 de febrero el fiscal Markenzy Lapointe en una rueda de prensa en Miami.
Ese día, Lapointe anunció el arresto de cuatro sospechosos de la muerte del presidente haitiano, entre ellos el venezolano Antonio Intriago y el colombiano Arcángel Pretel Ortiz.
La investigación estadounidense develó que Intriago y Ortiz, gestores de la firma de seguridad CTU en Miami, idearon un plan para secuestrar a Moise y sustituirlo por Christian Sanon, un ciudadano estadounidense-haitiano que quería presidir el país caribeño.
Lo hicieron a cambio de firmar contratos lucrativos para construir infraestructuras y proveer fuerzas de seguridad y equipamientos militares a un futuro gobierno liderado por Sanon, también inculpado en Estados Unidos.
A mediados del mes pasado, Sanon, de 54 años, se declaró a su vez inocente en el cargo de "exportación ilegal de bienes de Estados Unidos" por el supuesto envío de una veintena de chalecos antibalas.
Tras no lograr secuestrar a Moise, los instigadores de la trama decidieron supuestamente asesinarlo con un comando de 20 colombianos contratados por CTU.
Todos los colombianos -varios exmilitares- están en cárceles de EEUU a la espera del juicio. La investigación sufrió varios cambios de jueces y aparece empantanada en torno de la autoría intelectual.
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