Para el fiscal, la confirmación de los sobreseimientos se produjo sin la debida valoración de elementos probatorios que constan en el expediente y denotarían la "presencia de actos de corrupción", dice el dictamen al que accedió Télam.
"Los sobreseimientos dictados no se encuentran debidamente fundados, por cuanto el andamiaje argumental no resiste el embate aquí formulado y ostentan los extremos indicados al inicio de esta crítica", sostuvo el fiscal en el escrito en el que pidió que se anule el sobreseimiento de Francisco Lagos, exdirector del Programa de Protección de Testigos en ese momento.
Es la causa que se inició luego de que trascendiera a través de medios que se habían detectado presuntas irregularidades vinculadas al legajo de inclusión de Vandenbroele -quien declaró contra el exvicepresidente Amado Boudou- en el programa protectorio, dentro del cual accedió a financiamiento para un proyecto hotelero en Mendoza conocido como "La Masía".
Para Agüero Iturbe, la Cámara Federal porteña "omitió considerar elementos que contradicen la decisión recurrida", sobre todo de los que se desprendería que Vandembroele incumplió con los parámetros de conducta establecidos.
"Advierto la ausencia de valoración de elementos probatorios relevantes para la decisión del caso, como así también la presencia de argumentos de carácter dogmático con sustento en la sola voluntad de los magistrados, que derivan en el sobreseimiento de Lagos y Vandenbroele", sostuvo el fiscal sobre el fallo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.
Por ejemplo, citó que consta que en enero de 2018 Vandenbroele se había desplazado solo hacia un centro comercial de Pilar, sin autorización, y que eso fue informado a Lagos que lo mantuvo en el Programa aún cuando habría incurrido en conductas violatorias de las medidas de seguridad para protegerlo.
Del expediente también surge que el 5 de agosto de 2019 el Coordinador Operativo del Programa dejó constancia de la recepción de un llamado de Laura Muñoz (expareja de Vandenbroele) quien le refirió que un día antes, y no por primera vez, "el protegido llevó a su hija a su domicilio conduciendo un vehículo en estado de ebriedad", lo cual habría constituido una inconducta que podía traer aparejada su exclusión del Programa.
Garavano había sido sobreseído luego de una presentación realizada por su defensa en la que se indicaban sus actuaciones sobre el tema Vandenbroele: "El ministro no sólo tenía asignado un rol diferente dentro de la tramitación de las ayudas del programa, sino que las dos intervenciones que registró fueron precedidas por la opinión favorable de distintas áreas administrativas, las que intervinieron según sus órbitas de competencia", sostuvieron los camaristas.
Sobre el exministro, Agüero Iturbe dijo que estaba al tanto de la incorporación de Vandenbroele al programa de protección dado que fue el propio exfuncionario quien dijo en una entrevista radial en noviembre de 2017 "que el beneficiario se había retirado el día anterior de tribunales protegido por el Programa".
Sobre la existencia de dictamen previo con opinión favorable "presentes antes de las resoluciones dictadas por el entonces ministro, no enerva la ilicitud de la conducta, pues ello sería una mera formalidad en un expediente administrativo y cuya inexistencia de tales actos solo vendrían a reforzar la imputación. Máxime cuando los dictámenes no resultan vinculantes. Por lo demás, la determinación de la participación en el delito en los términos del artículo 45 del Código Penal, puede variar según se desarrolle la investigación", sostuvo.
"La afirmación sobre la imposibilidad de que se considere al encartado autor del hecho, no descarta su intervención a modo de partícipe en el hecho dominado por otro, máxime frente al estadio procesal en el que se requiere la realización del acto previsto en el art. 294 del catálogo ritual", completó.
"Y para finalizar -sostuvo-, la intervención que pudiera corresponderle (a Garavano) en el hecho materializado por Lagos, no puede ser tomada como irrelevante frente al cúmulo de irregularidades ya mencionadas en los párrafos anteriores y que poseen relevancia penal".
La causa se inició el 6 de febrero del 2020 con motivo de la extracción de testimonios y remisión a sorteo que hizo el juez del caso Ciccone, Ariel Lijo, a raíz de una nota publicada por el portal "El Destape", titulada: "El macrismo le puso un hotel boutique a Alejando Vandenbroele, arrepentido clave para condenar a Amado Boudou".
De esa publicación se desprendían "presuntas irregularidades con relevancia penal en la tramitación del expediente administrativo vinculado a la protección como arrepentido de Vandembroele", señala el expediente.
El caso tramitó ante el juzgado federal de Julián Ercolini quien dispuso el sobreseimiento de los acusados, aún cuando la fiscal Paloma Ochoa había solicitado su indagatoria para hacerles conocer los hechos que configuraban la imputación y la prueba de cargo.
Ese sobreseimiento, apelado por la fiscalía, fue confirmado por la Cámara Federal porteña en un fallo ahora cuestionado por el fiscal general Agüero Iturbe.
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