En una carta dirigida al Juez de Ejecución Penal de Jujuy, Emilio Carlos Cattan, el grupo integrado por colectivos de mujeres de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela alertó sobre la salud de la dirigente.
Recordaron que Sala "se halla detenida más de 7 años por procesos judiciales promovidos por el gobernador Gerardo Morales, y apoyado por el poder judicial".
En relación al traslado las activistas se apoyaron en el informe clínico del médico de la dirigente, Jorge Rachid, quien en reiteradas oportunidades manifestó la necesidad de trasladarla a un centro de mayor complejidad para tratar el cuadro de trombosis en la pierna izquierda que padece desde el año pasado.
Afirmaron que el diagnostico de salud existente es una "tromboflebitis que ya ha sido tratada sin éxito en los centros de salud de la provincia de Jujuy", donde Sala cumple prisión domiciliaria.
"Es importante tener en cuenta el riesgo citado en el informe por Rachid que establece que existe la posibilidad de desprendimiento del coagulo y la posterior embolia migrante a terceros órganos", alertaron.
Reclamaron que el informe del médico está "en manos de las autoridades correspondientes sin que se tenga la autorización pertinente para el traslado".
"Nos preocupa sobremanera que las reglas burocráticas parezcan más importantes que la vida de una persona. Y también nos alarma que tanto las autoridades judiciales como políticas no utilicen las herramientas a su disposición para garantizar el inmediato traslado y la pronta atención necesitada por la paciente", completaron.
Se pronunciaron a favor de la "libertad de cualquier persona injustamente detenida, pero, en estas circunstancias, creemos imperioso y apremiante que se realicen con carácter de urgencia las aprobaciones y otras medidas necesarias para el traslado y la atención de Milagro Sala y su pronta liberación".
También demandaron la absolución para Betiana Colhuan, Luciana Jaramillo, María Ardaiz Guenumil y Romina Rosas, activistas mapuches que "sufren la violencia del sistema punitivo argentino".
"Reafírmanos nuestro rechazo a las cárceles como solución ante la conflictividad social y consideramos que todas las mujeres presas, son rehenes de una política punitivista que criminaliza no solo la protesta social, sino también la pobreza y la exclusión", enfatizaron.
La carta fue extendida al presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Federico Francisco Otaola.
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