Con seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal resolvió "admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado" contra el mandatario conservador, señaló la Corte en un comunicado difundido a última hora de ayer.
Los magistrados desecharon otra causal que había planteado la Asamblea Nacional por el presunto delito de concusión.
Tras evaluar el pedido de juicio, la Corte Constitucional consideró que en la solicitud "se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso", por lo que dio luz verde al Legislativo.
El presidente deberá presentar pruebas en su defensa durante el juicio que le sigue.
El Congreso, de mayoría opositora aunque dispersa, volvió a la carga contra Lasso luego de la divulgación de un reporte del medio digital La Posta, que reveló una supuesta estructura de corrupción desplegada para la asignación de cargos públicos en empresas estatales a cargo de Danilo Carrera, un cuñado de Lasso sin cargos en el Gobierno.
En el caso también está implicado Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y el empresario Rubén Cherres, cercano a Carrera y quien está siendo investigado por la Fiscalía por narcotráfico.
Lasso, quien asumió la presidencia en mayo de 2021, niega las acusaciones y acusa al Congreso de intentar "desestabilizar" a su impopular Gobierno.
Aunque rechazó el fallo de la Corte, el Gobierno dijo que lo respeta.
"Esta decisión de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente", apuntó la Secretaría General de Comunicación del Gobierno en un comunicado, informó la agencia de noticias AFP.
Acosados por un poderoso movimiento indígena y masivas protestas, tres presidentes fueron derrocados en Ecuador entre 1997 y 2005.
El fantasma de la ingobernabilidad ronda de nuevo al país, donde el presidente ha enfrentado violentas manifestaciones contra el alto costo de vida.
Lasso ya sobrevivió en junio pasado a un intento del Legislativo para cesarlo en medio de las movilizaciones.
En esa ocasión los diputados no reunieron los votos necesarios. Para destituir a un mandatario se necesita el voto de las dos terceras partes de los asambleístas (92 sobre 137).
"Lasso será enjuiciado políticamente y tendrá que responder por sus horrores e incompetencias ante la Asamblea", dijo en Twitter Viviana Veloz, diputada por el partido UNES, del expresidente Rafael Correa, y una de los 58 miembros de la asamblea que presentó el pedido de juicio político.
Los asambleístas sostienen que el presidente, de 67 años, se encargó de "proteger los vínculos de una estructura criminal en las empresas públicas.
El Ejecutivo sostuvo que el pedido de los asambleístas tiene "innumerables errores" y que "nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno".
En caso de que Lasso, un ex banquero, llegara a ser destituido, lo sucedería el vicepresidente Alfredo Borrero.
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