El trabajo señaló que "los planteamientos incoherentes también tuvieron claras consecuencias en los derechos de las mujeres", por lo que se requiere "garantizar la plena financiación de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, de manera que puedan investigar, hacer rendir cuentas e impartir justicia".
El informe pone el eje en las consecuencias del ataque ruso a Ucrania, que "alteró más el sistema multilateral, ya de por sí debilitado".
El reporte, que analiza la situación de derechos humanos en 156 países, advierte que aunque el aniversario 75 de la Declaración Universal de Derechos Humanos "debería marcar el rumbo a los Estados del reconocimiento de que todas las personas tienen derechos y libertades fundamentales", los gobiernos "dieron la espalda a las mujeres, las personas refugiadas y otros grupos históricamente vulnerados".
"La invasión rusa a Ucrania es un ejemplo espeluznante de lo que sucede cuando los Estados creen que pueden incumplir el derecho internacional y violar los derechos humanos sin pagar sus consecuencias", manifestó la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
Para la organización, las sanciones a Moscú, las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) y la condena de la ONU a la agresión "contrastan con la respuesta que se ha dado a episodios anteriores de violaciones de derechos humanos masivas cometidas por Rusia y otros países, así como con la lamentable respuesta que se está dando a conflictos como los de Etiopía y Myanmar".
"Este doble estándar de Occidente envalentonó a países como China, y permite a Egipto y Arabia Saudí eludir, ignorar y desviar las críticas que se les han hecho sobre sus respectivos historiales", señala el documento.
"Si la guerra deja algo claro para el futuro del mundo es la importancia de contar con un orden internacional basado en unas normas que se apliquen de manera efectiva y coherente. Todos los Estados deben intensificar sus esfuerzos para contar con un orden basado en reglas y renovado, que beneficie a todas las personas en todas partes", subrayó Callamard.
El texto llama la atención sobre el hecho de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó a un relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Rusia y estableció un mecanismo de investigación sobre Irán por las reiteradas protestas, pero votó no seguir investigando "ni debatiendo siquiera" sus propias conclusiones sobre la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Xinjiang (China), y suspendió una resolución sobre Filipinas.
"Los países aplicaron los derechos humanos dependiendo del caso, en un asombroso espectáculo de hipocresía y doble moral", argumentó, y reclamó a "los estados que hasta ahora no han osado alzar la voz" que "tomen cartas en el asunto y se posicionen en contra de los abusos, dondequiera que se cometan".
Sobre Rusia, AI alertó que en 2022 "denunció judicialmente a disidentes y clausuró medios de comunicación por el mero hecho de mencionar la guerra" en Ucrania.
Y lamentó, por otra `parte, que las autoridades iraníes "respondieron al levantamiento sin precedentes contra decenios de represión empleando fuerza ilegítima mediante munición real, perdigones metálicos, gas lacrimógeno y palizas, lo que causó centenares de muertes, entre ellas las de decenas de menores".
También denunció que las fuerzas de seguridad de Perú "emplearon fuerza ilegítima, especialmente contra población indígena y campesina" ante las protestas por la crisis generadas tras la destitución de Pedro Castillo de la Presidencia.
Respecto de Venezuela, cita al Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC) que reportó que las fuerzas de seguridad "efectuaron entre enero y septiembre 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales", mientras informes de la Misión de la ONU "destacan la manipulación del sistema judicial para proteger a policías y militares, e identificaban las cadenas de mando que vinculaban a los presuntos autores con el gobierno de Nicolás Maduro".
Amnistía dedica un apartado a la situación de las mujeres, porque "la represión de la disidencia y los planteamientos incoherentes en materia de derechos humanos también tuvieron claras consecuencias en los derechos" del colectivo.
Citó, por ejemplo, que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la garantía constitucional del derecho al aborto, y que en Polonia se enjuició a activistas por ayudar a mujeres a conseguir píldoras abortivas.
En Afganistán, además, se constató un deterioro particularmente notorio en los derechos de las mujeres y las niñas a la educación, el trabajo y el acceso a los espacios públicos, y en Irán la "policía de la moral" detuvo violentamente a Mahsa Amini por llevar fuera del pañuelo unos mechones de cabello.
Amini murió después bajo custodia y hubo informes verosímiles de tortura, lo que desencadenó protestas en todo el país, "en las que resultaron heridas, detenidas o muertas muchas más mujeres y niñas".
Callamard denunció además que en Israel y los "territorios palestinos ocupados, el sistema de apartheid se vio consolidado" y advirtió que "los sucesivos gobiernos israelíes tomaron medidas que obligaron a más palestinos a abandonar sus hogares y ampliaron los asentamientos ilegales".
"En lugar de exigir el fin de ese sistema de opresión, muchos gobiernos occidentales optaron por atacar a quienes denunciaban el sistema de apartheid", apuntó.
También en materia de refugiados la ONG lamenta el doble estándar, ya que "las puertas de la UE, abiertas a los ucranianos que huían de la agresión rusa permanecieron cerradas para quienes escapaban de la guerra y la represión en Afganistán y Siria".
"Estos ejemplos no hicieron sino confirmar al resto del mundo que el apoyo de Occidente a los derechos humanos es selectivo e interesado, lo que socava el apoyo a Ucrania. Ese doble rasero no benefició únicamente a las potencias occidentales", manifestó.
Como paso necesario para cambiar la situación, AI consideró que "en lugar de debilitar las instituciones y los sistemas internacionales que deben proteger derechos, es esencial fortalecerlos", y evaluó que "la primera medida es garantizar la plena financiación de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, de manera que puedan investigar, hacer rendir cuentas e impartir justicia".
Se pronuncia también por una reforma en "el principal órgano de toma de decisiones de la ONU, el Consejo de Seguridad, a fin de dar voz a países y situaciones que han sido tradicionalmente ignoradas, especialmente en el sur global".
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