Por otro lado en la jornada declararon también distintos secretarios de la Corte Suprema y finalmente se decidió convocar al procesado fiscal Carlos Stornelli y seguir avanzando en las convocatorias para las jornadas siguientes.
Comisión de Juicio Político de Diputados inició toma de testimonios y decidió citar a Stornelli
Los jueces federales Sebastián Ramos (Ciudad de Buenos Aires) y Alejo Ramos Padilla (La Plata) brindaron ayer testimonio en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en la primera de las audiencias testimoniales por el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, en el que fue citado el fiscal federal Carlos Stornelli.
En el quinto encuentro de la Comisión de Juicio Político por el proceso que se le sigue a los magistrados del máximo tribunal, Horacio Rosatti (Presidente), Carlos Rosekrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron un documento denunciando la "ilegalidad" de la comisión, mientras la mayoría de los legisladores opositores abandonaron el recinto; aunque algunos volvieron media hora después.
La convocatoria de ambos magistrados federales estuvo vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en uso de licencia, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como "Consejo de la Magistratura" y "Coparticipación".
En el inicio de la declaración de Ramos, el diputado oficialista, Rodolfo Tailhade, consultó al juez federal cómo explica en términos jurídicos el concepto de 'filtración' de datos.
Ramos pidió que se lo dispense de declarar sobre puntos que ya están definidos en la resolución escrita de la causa.
El magistrado, en ese sentido, reiteró en más de una oportunidad: "No me voy a mover ni una palabra de la resolución", porque "no solamente me perjudica en lo personal que yo pueda hacer alguna modificación con lo que ya está escrito en la resolución, sino que también puede perjudicar el derecho de defensa a los involucrados en la causa".
En otro pasaje de su declaración, Ramos sostuvo que "la violación a la intimidad puede ser llevada a cabo por actividad propiamente estatal o privada. Así se podría ver afectado la garantía de un particular", sea o no funcionario público según aclaró.
El magistrado señaló que "dictar el archivo" de la causa "fue una medida urgente", y aclaró que "en esa causa se pudo habilitar la feria judicial porque se solicitaba medidas como el aseguramiento urgente de una medida de prueba", como el allanamiento de un teléfono celular.
Después de dos horas del inicio de la reunión, declaró el juez federal Ramos Padilla, quien manifestó que "si lo que van a discutir acá es la utilización o no de las escuchas en un proceso de juicio político, quiero recordar que lo hicieron durante tres años conmigo mientras llevaba varias causas".
Al ser consultado por el legislador López si conocía al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respondió: "A Alberto Fernández no lo conozco. A la Vicepresidenta la vi dos veces en diferentes ámbitos como el velatorio de Alfredo Bravo en 2003, pero ella no me registró. A Axel Kicillof no lo conozco".
Sobre la utilización de las escuchas ilegales como prueba en una causa judicial, Ramos Padilla recordó que durante la gestión anterior "se usó el espionaje ilegal a través de la Agencia de Inteligencia en operaciones que se montó para hacer persecución política en el penal de Ezeiza".
Allí, el diputado López planteó que esas intervenciones telefónicas "estaban autorizados por un juez", lo que el diputado Leopoldo Moreau (FDT) aclaró que "lo que fue ilegal fue la circulación de la transcripción de esas conversaciones".
Durante la jornada, la mayoría de las preguntas a Ramos fueron realizadas por los diputados del oficialismo, mientras que a Ramos Padilla las hicieron los legisladores de la Coalición Cívica que volvieron a la sala para "velar por el cumplimiento del debido proceso", según dijeron.
Otro invitado fue Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración, quien fue consultado por Leopoldo Moreau sobre una inundación que habría afectado documentación en el despacho del asesor de Rosatti, Silvio Robles.
“En el mes de enero hubo una inundación que no fue en la vocalía de Rosatti, sino que fue en un piso superior y que el agua llegó hasta planta baja no solamente al cuarto piso. Esa inundación afectó al despacho de Robles, fue en el mes de enero”, explicó.
Cristian Abritta, ex titular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema, fue interrogado sobre el ingreso, la asignación y la circulación de las causas y peticiones a la Corte: "Nunca se sortearon expedientes, siempre los asignó por materias porque tiene secretarías temáticas. El presidente decidía que secretaria según la trascendencia. Los presidentes consensuaban con los jueces de la Corte qué causas de otra naturaleza se asignaban a la secretaría en la que trabajábamos o a otra”.
A su turno, Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios) fue consultado por José Luis Gioja sobre su incidencia en el fallo relacionado sobre la medida cautelar referida a la distribución de la coparticipación, a lo que el funcionario judicial respondió que no había participado en dicho trámite, para dar detalles luego de un par de reuniones de las que formó parte y a partir de las cuales la Corte intentó una conciliación entre Ciudad y Nación.
Al cerrar la jornada, la diputada Myriam Bregman (FIT) señaló que "son escandalosas las escuchas ilegales en Argentina" mientras que el presidente del bloque del Frente de Todos (FDT), Germán Martínez, pidió citar como testigos a los fiscales Carlos Stornelli y María Laura Roteta.
El diputado Eduardo Valdes (FDT), a su vez, fundamentó que el pedido de citación de Stornelli es porque "Ramos lo involucró al declarar que él se basó en el dictamen del fiscal" en la causa de los chats entre Robles y D'Alessandro.
Cabe recordar que el fiscal Carlos Stornelli fue quien, durante el transcurso de la última feria judicial, propuso el archivo de dos denuncias casi calcadas para que se investigara si había delitos en las conversaciones atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, y Marcelo D´alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires.
El argumento esgrimido por Stornelli para pedir el archivo de las denuncias (una de ellas presentada por el abogado Gastón Marano, quien había asesorado a Juntos por el Cambio en la Comisión bicameral de Inteligencia) fue que los elementos citados por las presentaciones judiciales podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.
“Del análisis de ambas denuncias que nos ocupan, no se observa la existencia de ningún otro medio o elemento autónomo y autosuficiente distinto de aquellas supuestas comunicaciones que podrían haber sido obtenidas ilegalmente, producto quizás de actividades de inteligencia ilegal”, sostuvo el fiscal que invocó además que le había tocado intervenir en una denuncia sobre el mismo tema presentada por el propio D´alessandro contra el diputado Rodolfo Tailhade.
“Considero que convalidar en este estadio embrionario un eventual avance de este proceso solo y exclusivamente a partir de elementos que, conforme se investiga, habrían sido obtenidos fruto de una actividad delictiva, colisiona con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales, y teñiría de ilegal cuanto se actuare en consecuencia”, afirmó Stornelli.
Previo a las declaraciones de los testigos, el presidente del bloque de Coalición Cívica, Juan Manuel López, leyó el documento presentado en la Cámara de Diputados donde denunció que "hay hechos de extrema gravedad institucional que suceden en el juicio político a los miembros de la Corte Suprema".
En respuesta, el presidente del bloque del Frente de Todos (FDT), Germán Martínez, criticó la actitud de Juntos por el Cambio al aseverar que "la oposición está intentando buscar un atajo, una colectora para no dar el debate que estamos dando con un seguimiento muy preciso con lo que dice la Constitución y el reglamento de la Cámara y de la Comisión de Juicio Político".
Con respecto a la continuidad del cronograma de trabajo, la comisión volverá a reunirse el próximo martes 7 de marzo a las 13; en tanto que el jueves de la semana próxima lo harán los asesores de cada legislador.
El impasse de doce días fue dispuesto a los efectos de poder enviar y esperar respuestas de los oficios a los nuevos testigos, que a partir de la próxima reunión se agruparán en tandas de cuatro o cinco, para evitar que se sucedan extensas jornadas, como la de ayer que superó las siete horas y media.
Jueces federales declararon como testigos en Diputados
Los jueces federales Sebastián Ramos (Ciudad de Buenos Aires) y Alejo Ramos Padilla (La Plata) brindaron hoy testimonio en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en la primera de las audiencias testimoniales por el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.
En el quinto encuentro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, en el proceso que se le sigue a los magistrados Horacio Rosatti (Presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron un documento denunciando la "ilegalidad" de la comisión y la mayoría de los opositores abandonaron el recinto; aunque algunos volvieron media hora después.
En el inicio de la declaración de Ramos, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade consultó al juez federal cómo explica en términos jurídicos el concepto de 'filtración' de datos.
En ese sentido, Sebastián Ramos pidió que se lo dispense de declarar sobre puntos que ya están definidos en la resolución escrita de la causa.
Al respecto, el magistrado reiteró en más de una oportunidad: "No me voy a mover ni una palabra de la resolución" porque "no solamente me perjudica en lo personal que yo pueda hacer alguna modificación con lo que ya está escrito en la resolución, sino que también puede perjudicar el derecho de defensa a los involucrados en la causa".
En otro pasaje de su declaración, Ramos sostuvo que "la violación a la intimidad puede ser llevada a cabo por actividad propiamente estatal o privada. Así se podría ver afectado la garantía de un particular", sea o no funcionario público, aclaró.
El magistrado señaló que "dictar el archivo" de la causa "fue una medida urgente" y aclaró que "en esa causa se pudo habilitar la feria judicial porque se solicitaba medidas como el aseguramiento urgente de una medida de prueba", como el allanamiento de un teléfono celular.
Al finalizar su declaración, Ramos negó tener algún tipo de relación y conocimiento con el asesor de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro.
Tailhade, en tanto, denunció en declaraciones a la prensa que "se filtraron chats entre D'Alessandro y Ramos, quien acabó de dar testimonio y negó cualquier tipo de vínculo y trato con D'Alessandro".
"No hubo tanta sinceridad" por parte del magistrado, ya que "para mí los chats son ciertos", dijo que el diputado del FdT que cuestionó a Ramos "por haberse basado solamente en el dictamen del fiscal (Carlos) Stornelli para apurarse en archivar la causa".
Después de dos horas del inicio de la reunión, llegó el turno del juez federal Ramos Padilla, quien manifestó que "si lo que van a discutir acá es la utilización o no de las escuchas en un proceso de juicio político, quiero recordar que lo hicieron durante 3 años conmigo mientras llevaba varias causas".
Al ser consultado por el legislador López si conocía al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respondió: "A Alberto Fernández no lo conozco. A la Vicepresidenta la vi dos veces en diferentes ámbitos como el velatorio de Alfredo Bravo en 2003, pero ella no me registró. A Axel Kicillof no lo conozco".
Sobre la utilización de las escuchas ilegales como prueba en una causa judicial, Ramos Padilla recordó que durante la gestión anterior "se usó el espionaje ilegal a través de la Agencia de Inteligencia en operaciones que se montó para hacer persecución política en el penal de Ezeiza".
Allí el diputado López planteó que esas intervenciones telefónicas "estaban autorizados por un juez", lo que el diputado Leopoldo Moreau (FDT) aclaró que "lo que fue ilegal fue la circulación de la transcripción de esas conversaciones".
"Conozco como se fraguaron esas escuchas y se intentaron blanquear. Por eso creo que la Corte tuvo una alta responsabilidad en como se estaba usando las escuchas en Argentina, ya que solo sacó una acordada en 2019 y no hizo una denuncia penal", apuntó.
A diferencia de su colega Ramos, el magistrado federal platense consideró que "no es urgente" el archivo de una causa ni siquiera durante la feria judicial.
"Existe de cadena de favores en Comodoro Py en donde hay mucha gente que está comprometida y un juez resuelve una causa que le conviene y luego el otro y así se van archivando las causas", argumentó el magistrado.
"Si no le ponemos un límite a esta relación entre los servicios inteligencia y el Poder Judicial, a este manejo de las escuchas, el abuso de autoridades, vamos a tener una república donde se van a perder los derechos individuales", concluyó Alejo Ramos Padilla.
La convocatoria de ambos magistrados estuvo vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como "Consejo de la Magistratura" y "Coparticipación".
En tanto, Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia vinculada a esos chats, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos "mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal".
Su colega Ramos Padilla, en tanto, intervino en una denuncia por los mismos hechos, pero presentada ante el fuero federal platense por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo lo opuesto en relación a los supuestos indicios de espionaje ilegal.
Durante la jornada, la mayoría de las preguntas a Ramos fueron realizadas por los diputados del oficialismo, mientras que a Ramos Padilla las hicieron los legisladores de la Coalición Cívica que volvieron a la sala para "velar por el cumplimiento del debido proceso", según dijeron.
Al cerrar la jornada, la diputada Myriam Bregman (FIT) señaló que "son escandalosas las escuchas ilegales en Argentina" mientras que el presidente del bloque del Frente de Todos (FDT), Germán Martínez, pidió citar como testigos a los fiscales Carlos Stornelli y María Laura Roteta.
Cimadevilla advirtió que en el poder judicial se ha "priorizado una relación con el poder político"
El ex senador radical Mario Cimadevilla criticó ayer que un sector del Poder Judicial haya "priorizado una relación con el poder político" y estimó que su convocatoria en el marco del juicio político a los integrantes de la Cortes Suprema puede responder a "los manejos presupuestarios" del máximo tribunal de justicia que en su momento él señaló desde el Consejo de la Magistratura.
El ex legislador es una de las personas citadas por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en el marco del proceso que se sigue en relación a la conducta de los integrantes de la Corte Suprema, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.
"El poder judicial pareciera que está controlado por el propio poder judicial. Muchos de estos jueces han priorizado una relación con el poder político, dejando de lado su independencia. Empezaron a ser jueces del poder y no de la ley", afirmó Cimadevilla en declaraciones formuladas hoy a El Destape Radio.
El dirigente radical fue ofrecido como testigo en el proceso por la Coalición Cívica en el marco de la denuncia que ese partido promueve contra el juez Ricardo Lorenzetti.
"Yo desconozco las preguntas (que le harán en su presentación) pero supongo que debe ser porque cuando estuve en el Consejo de la Magistratura hice algunas observaciones que estaban vinculadas a los manejos presupuestarios de la Corte y a una contratación que se había hecho de servicios informáticos", contó Cimadevilla.
En ese sentido, el referente detalló que el presupuesto de la justicia "tiene que ser manejado por el Consejo de la Magistratura pero, a pesar de esto, hay un porcentaje importante que es manejado directamente por la Corte".
"No comparto la idea de que el Congreso tenga que bloquearse por el juicio político. Es una herramienta que está en la Constitución. Se puede compartir o no la decisión y los motivos por los que se impulsa, pero está fuera de lugar bloquear la actividad del poder legislativo", opinó.
En ese marco, agregó: "Fue muy notoria la relación entre jueces y servicios de inteligencia. Es cierto que en algún momento se cortó, pero existió".
Por otro lado, en la entrevista que concedió esta mañana, Cimadevilla opinó que dentro del radicalismo "hay posiciones distintas frente a la permanencia de la UCR dentro de la alianza de Juntos por el Cambio" y consideró que el PRO "es una bolsa de gatos" de cara a las próximas elecciones y que "quieren trasladarlo al resto de la alianza".
Consideró además que, más allá de las decisiones a nivel nacional, "hacia abajo existen diferencias" en el seno de la coalición opositora y sugirió que no sabe "si la alianza va a estallar por el aire".
"No sé si los radicales deberían irse de Juntos por el Cambio o si deberían pelear por que la alianza sea conducida por el radicalismo y sus principios. Lo veo difícil. En los hechos, cada vez que se ha acercado una elección se ha roto Juntos por el Cambio", afirmó.
Agregó que, cuando el ex presidente Mauricio Macri "llegó al poder, lo primero que hizo fue ver cómo arreglar sus problemas personales y no los de la gente".
"La concepción federal del PRO no es la misma. La presidenta del partido, Patricia Bullrich, tiene muy poca vocación republicana hablando de intervenir un distrito", completó Cimadevilla.
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