Aunque la Policía había montado un cordón para impedir que los grupos de manifestantes llegaran al aeropuerto Alejandro Velasco Astetebía, de Cusco, cientos de ciudadanos de la provincia de La Convención alcanzaron la terminal y buscaron ingresar.
Las fuerzas de seguridad lograron impedir esa entrada y ubicaron tanquetas, equipos antidisturbios y hasta armamento de guerra en los alrededores, según el sitio del diario La República.
Durante los choques la Policía lanzó gases lacrimógenos, y las operaciones en el aeropuerto no se interrumpieron.
En Tacna, mientras, un grupo atacó con piedras una de las comisarías del distrito Gregorio Albarracín, sede que en ese momento tenía escasa guardia policial.
Poco después, los manifestantes buscaron saquear el centro comercial Plaza Vea, lo que fue impedido por la Policía, que lanzó también gases lacrimógenas para dispersar a la multitud, que incendió algunas cabinas de peaje.
En medio del clima de protestas fueron velados hoy los restos de 17 de los 18 muertos el lunes en Juliaca, Puno, donde una multitud desfiló hasta el aeropuerto, sede de los enfrentamientos, con los ataúdes.
“No somos terroristas, somos juliaqueños”, gritaban los ciudadanos, tras el velorio colectivo que se hizo en la parte posterior de la morgue del Hospital Carlos Monge Medrano.
Los féretros de color blanco y marrón fueron cargados por sus allegados y cada uno tenía encima una fotografía y una bandera de Perú cubriéndolo por completo.
"Dina me asesinó con balas", se leía en algunos de los ataúdes.
En el lugar terminaron a primera hora las necropsia de los fallecidos en Juliaca y, según el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado Jorge Chavez Cotrina, todos murieron por impactos de armas de fuego.
La declaración echa por tierra versiones sobre ataques con armas blancas.
Chavez Cortina desmintió también que se haya abierto una investigación por crimen organizado. “Eso es falso. La investigación preliminar por 60 días está tipificada por homicidio calificado y lesiones graves”, aseguró el funcionario.
En medio de la tensión social, la fiscalía abrió ayer una investigación por presunto delito de "genocidio" contra la presidenta Dina Boluarte, que impuso un toque de queda en la región andina de Puno para frenar las manifestaciones violentas.
Hoy fue, además, un día de duelo nacional en honor a todos los muertos en manifestaciones, más de 40 desde el inicio de las protestas, el 7 de diciembre, tras la destitución de Pedro Castillo de la Presidencia.
Los bloqueos de rutas se extendieron a ocho de las 25 regiones del país, afectando a Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas, según la Superintendencia de Transporte Terrestre.
En Arequipa, segunda ciudad de Perú ubicada al sur del país, centenares marcharon también ayer contra el gobierno y bloquearon la ruta Panamericana Sur.
El Gobierno reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos y aseguró que garantiza el derecho a la protesta, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de recibir a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evalúa la situación del país.
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