"Los poderes de la República, defensores de la democracia y de la Carta Constitucional de 1988, rechazan los actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas sucedidos la tarde de ayer en Brasilia", indicaron en una carta común que Lula publicó en su cuenta de Twitter.
En paralelo, la corte suprema apartó de su cargo al gobernador Rocha, por 90 días, hasta que se aclaren los sucesos de ayer en el Distrito Federal.
La medida fue adoptada por el juez del STF Alexandre de Moraes, quien respondió a un reclamo de parte de aliados de Lula, basado en que "la escalada violenta" contra la sede de los tres poderes "solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva" de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.
De esta forma, De Moraes señaló directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la tarde del domingo en la capital brasileña.
Mientras continuaban los incidentes, Rocha anunció en redes sociales la destitución de su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien se encuentra en EEUU y fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), una figura muy cercana del ahora ex presidente.
Por su parte, la Fiscalía brasileña informó que se abrió una investigación "para aclarar la eventual omisión del alto comando de la Policía Militar del Distrito Federal que posibilitó o facilitó la invasión y depredación de las sedes de los tres poderes en Brasilia".
La investigación puede que analice la conducta del comandante de la Policía Militar, el coronel Fábio Augusto Vieira, y del resto de autoridades involucradas, recogió la agencia de noticias Sputnik.
En diversos videos del asalto del domingo se puede apreciar como algunos agentes de la Policía Militar conversaban amistosamente con los manifestantes o incluso los escoltaban para llegar desde el campamento golpista hasta la plaza de los Tres Poderes, un camino de casi 7 kilómetros en los que los manifestantes circularon sin interrupción.
Ayer, el Gobierno de Lula decretó una intervención federal en el área de seguridad de Brasilia.
En tanto, la Policía Federal informó hoy que va a acusar a cerca de mil personas que fueron detenidas ayer cometiendo actos ilícitos en flagrancia y serán llevados al Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia, informó el diario Folha de San Pablo.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flavio Dino, dijo que ya son aproximadamente 1.500 los detenidos.
Entre los detenidos se encontraban parte de los acampantes frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, luego de que el juez de Moraes también ordenara a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios de Bolsonaro en todo el país.
Imágenes reproducidas por el portal de noticias G1, del grupo O Globo, mostraban personas cargando carpas y bolsos, mientras dejaban el lugar, luego que de Moraes diera un plazo de 24 horas para cumplir la orden.
El grupo de radicales se encontraba acampando en el lugar desde la segunda vuelta de las elecciones.
Mientras tanto, la Policía de Brasil impidió hoy que militantes bolsonaristas bloquearan el acceso a las refinerías en al menos cinco estados del país.
El suceso terminó luego de cuatro horas de ocupación de esos tres edificios, donde los agresores causaron toda clase de destrozos aún no valuados desde el punto de vista edilicio ni cultural.
La capital brasileña se encontraba esta mañana bajo control, pero aún se podían ver las huellas de la destrucción.
"La situación en Brasilia está controlada", afirmó a través de Twitter el interventor federal en el Distrito Federal, Ricardo Cappelli.
El bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, de 54 años, quien colocó un explosivo cerca del aeropuerto de Brasilia en la víspera de Navidad, dijo en un comunicado que el plan se montó en el lugar y contó con la participación de otros acampantes.
El ministro del STF prohibió además, y hasta fines de enero, la entrada de camiones o autobuses con manifestantes en el Distrito Federal y liberar todas las rutas, los edificios públicos estatales y federales en todo el territorio del país.
En el plano legislativo, el presidente del Senado y del Congreso Nacional de Brasil, Rodrigo Pacheco, convocó para hoy al parlamento para analizar el decreto de intervención firmado ayer por Lula.
Además de Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, también regresó hoy a Brasilia para reunir a los congresistas este lunes, sin horario aún, para discutir la reacción del Congreso.
Además, un grupo de legisladores brasileños comenzó hoy a recabar apoyos para crear una comisión parlamentaria que investigue la eventual responsabilidad e implicancia de Bolsonaro en el ataque de ayer.
Bolsonaro, quien está en Estados Unidos desde el último 31 de diciembre, hoy fue internado en un hospital de Orlando, a raíz de fuertes dolores abdominales.
El dirigente de la ultraderecha fue sometido en varias oportunidades a intervenciones quirúrgicas como consecuencia de la puñalada que le dio un fanático en 2018, cuando estaba en campaña para ganar la presidencia de Brasil.
La última internación por este tema fue en noviembre del año pasado.
Bolsonaro está internado en AdventHealth Celebration, en Florida, y según el columnista Lauro Jardim, del diario 'O Globo', afirma estar con fuertes dolores abdominales, aunque aún no hay datos ciertos sobre su estado de salud.
En el plano internacional, autoridades de Rusia, Italia, Alemania y China, así como el Papa Francisco, entre otros países, líderes y organismos multilaterales, sumaron hoy su rechazo público y categórico a los ataques que militantes bolsonaristas, y brindaron su apoyo pleno al Gobierno de Lula.
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