En paralelo, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció el cese de más de medio centenar de funcionarios públicos, entre ellos una docena de militares, que se despeñaban en diferentes áreas relacionadas con la asistencia a las comunidades indígenas.
"Determiné ayer la apertura de una nueva investigación policial para averiguar (si hubo) genocidio", declaró el ministro Flavio Dino al canal de noticias CNN Brasil.
"Consideramos que hay indicios muy fuertes de negativa a la asistencia nutricional y de salud de esas poblaciones indígenas, hubo intención", agregó el alto funcionario, informó la agencia de noticias AFP.
La investigación, que apunta a acciones y omisiones de funcionarios públicos y ex jerarcas de la salud en tierras yanomamis, en el norte de Brasil, también abarcará supuestos crímenes ambientales y desvío de recursos públicos.
El anuncio ocurre luego de que el Gobierno de Lula revelara el sábado pasado que 99 yanomamis menores de 5 años murieron el año pasado en la mayor reserva indígena de Brasil por desnutrición, neumonía y malaria.
Las autoridades hallaron además numerosos casos de menores con desnutrición grave, malaria, infecciones respiratorias y otras complicaciones de salud en una visita la semana pasada, informó la cartera.
En paralelo, el Gobierno anunció hoy que 54 personas fueron destituidas, entre las cuales hay 11 coordinadores regionales de la Secretaría de Salud Indígena (Sesai) y otros 43 jefes regionales y estatales de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), incluyendo 13 militares; ambas instituciones dependen del Ministerio de Salud.
Si bien el Ministerio de Salud precisó que estas revocaciones son parte de los procesos naturales en un cambio de Gobierno, se dieron a conocer días después de que Lula denunciara el "genocidio" del que habían sido víctimas comunidades como el pueblo yonomami.
Por primera vez, la Sesai y la Funai estarán lideradas por miembros de estas comunidades originarias, y la segunda organización pasará a integrar la cartera de Pueblos Indígenas.
Lula, quien asumió por tercera vez el poder el pasado 1 de enero, describió un escenario "inhumano" luego de visitar el sábado el norteño estado amazónico de Roraima.
"Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un Gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño", publicó el mandatario.
Entre los estados de Roraima y Amazonas se extiende la Tierra Indígena Yanomami, de 96.000 kilómetros cuadrados, hogar de unos 30.400 indígenas.
En un viraje frente a la política de su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que mantuvo una postura hostil hacia los pueblos nativos, Lula creó un ministerio para atender sus demandas.
Ante esa crisis en tierras yanomami, su Gobierno declaró la emergencia sanitaria en ese territorio.
El nuevo Ministerio de los Pueblos Indígenas alertó que esta región padece una crisis humanitaria y alimentaria son precedentes y cifró en al menos 570 los menores de edad que murieron por desnutrición o alimentos contaminados por el mercurio, como consecuencia de la invasión de la minería ilegal, describió G1.
Además, el avance de la minería ilegal impulsa la proliferación de enfermedades, como la malaria, tuberculosis e incluso el coronavirus, de acuerdo con especialistas, en una reserva que es escenario habitual de enfrentamientos entre indígenas y mineros ilegales que mataron a habitantes y abusaron sexualmente de mujeres y niñas, de acuerdo con denuncias de asociaciones e indígenas.
Las autoridades hallaron en las tierras yanomamis "una estructura de asistencia muy precaria", aseguró Dino.
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