La demanda presentada ayer por Sandra Garza, pareja de muchos años del oficial Sicknick y heredera de su patrimonio, afirma que el magnate es responsable de haber agitado a sus simpatizantes con mentiras sobre el proceso electoral.
"Mientras el agente Sicknick y cientos de otras personas, incluidos otros agentes, funcionarios electos y trabajadores del Capitolio, corrían peligro de muerte, y mientras la mafia insurgente profanaba la sede de la democracia estadounidense, el acusado Trump vio cómo se desarrollaban los eventos en la televisión desde la seguridad de la Casa Blanca", reza la denuncia reproducida por la agencia de noticias Europa Press.
La presentación judicial fue hecha en el segundo aniversario del asalto, iniciado cuando partidarios de Trump, entonces presidente saliente de los Estados Unidos, irrumpieron en la sede del Congreso violando la seguridad y ocupando partes del edificio durante varias horas, en un intento por evitar que una sesión conjunta del poder legislativo certificara la victoria del actual mandatario, Joe Biden, en las elecciones presidenciales de 2020.
"Los horribles eventos del 6 de enero de 2021, incluida la muerte trágica e injusta del agente Sicknick, fueron una consecuencia directa y previsible de las acciones ilegales de los demandados", añaden los demandantes, según recoge la cadena CNN.
En este sentido, la presentación sostiene que el exmandatario instó a sus simpatizantes a "luchar como locos", alegando que cometió crímenes de conspiración, negligencia y agresión.
Los demandantes reclaman 10 millones de dólares a cada uno de los acusados por daños y perjuicios, así como daños punitivos.
El origen del asalto -la negativa de Trump a reconocer la victoria de Biden-, se tradujo en una grieta al interior del Partido Republicano que aún deja ver sus consecuencias en el mismo recinto, el Capitolio, donde sectores radicales mantienen un bloqueo parlamentario que, tras 11 votaciones en dos días, no permitió elegir aún al presidente de la Cámara de representantes.
Según el Departamento de Justicia, más de 950 acusados fueron detenidos por su presunta participación en los disturbios, y más de 500 fueron declarados culpables.
Cuatro personas murieron en el ataque, incluida la agitadora Ashli Babbitt, quien recibió un disparo de un agente de policía dentro del edificio, dos miembros de la multitud que sufrieron ataques cardíacos y uno falleció de una sobredosis.
El Departamento de Justicia dice que 140 agentes resultaron heridos ese día y cinco murieron en los meses posteriores al motín, uno de derrames cerebrales y cuatro por suicidio.
Hasta ahora, la condena más fuerte por el hecho fue dada a conocer el pasado 17 de diciembre y recayó sobre un sujeto que golpeó a policías y fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión.
Quien se transformó en un ícono del asalto, el autoproclamado "chamán de Qanon", Jacob Chansley (foto), llegó a un acuerdo con la Fiscalía, se declaró culpable de haber obstruido una sesión del Congreso y fue condenado a 41 meses de prisión.
Paralelamente a la investigación policial y del FBI, la Cámara de Representantes lleva adelante una pesquisa sobre lo ocurrido en las más altas instancias del Gobierno estadounidense. Esta investigación es meramente informativa.
Es el caso de tres ex colaboradores de Trump: su ex asesor y ex jefe de campaña Steve Bannon, su ex jefe de gabinete Mark Meadows y el ex ayudante del fiscal general Jeffrey Clark, todos ellos declarados en desacato.
El pasado 19 de febrero, esta comisión parlamentaria que durante 18 meses investigó el ataque al edificio recomendó presentar cargos penales contra Trump por haber presuntamente instigado el asalto.
La comisión aprobó además el informe final con las conclusiones de su pesquisa y publicó un resumen que dice que Trump "difundió deliberadamente acusaciones falsas de fraude" en las elecciones de 2020 en un intento de que se anularan sus resultados.
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