La Audiencia Nacional "ha accedido a extraditar a Uruguay a un médico reclamado en aquel país por asesorar a los militares en interrogatorios entre 1972 y 1975", indicó en un comunicado esa jurisdicción a cargo de las extradiciones con sede en Madrid, informó la agencia de noticias AFP.
Suzacq fue identificado por testigos como uno de los médicos que actuaban durante las torturas cometidas en dictadura.
Según las víctimas, asesoraba a los militares sobre "cuándo parar o seguir con las torturas", hechos que "serían constitutivos de los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación ilícita de libertad catalogados como de lesa humanidad".
En una vista que tuvo lugar el miércoles pasado, Suzacq, de 72 años, rechazó ser extraditado y se limitó a decir que sabía lo que había "leído" al ser preguntado sobre si tenía conocimiento de los supuestos hechos ocurridos en 1974 y 1975, durante la dictadura (1973-1985), cuando era médico en una unidad militar.
Su abogada alegó que los hechos "estarían prescritos", pero el tribunal determinó que no es así "por tratarse de delitos de lesa humanidad".
En tanto, la fiscalía defendió la extradición argumentando que España y Uruguay tienen un convenio de extradición.
Asimismo, la Audiencia Nacional consideró que el hecho de que Suzacq posea la nacionalidad española y haya ejercido como médico en ese país durante 29 años no son causa "de denegación de la extradición", y agregó que, de no concederla, quedarían "impunes" unos hechos de "gravedad".
La integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay Elena Zaffaroni, quien fue testigo de las torturas hacia su esposo, Luis Eduardo González González, del PCR, dijo que el rol de Suzacq era "reanimar a los detenidos cuando sufrían un paro cardíaco durante las torturas".
La referente de la agrupación que reúne a familiares de 192 desaparecidos uruguayos contó que muchos años después de esos hechos, otra víctima supo que Suzacq visitaba Uruguay cada fin de año para reunirse con su familia y residía en Madrid, donde aún ejercía la medicina.
Tras una búsqueda en la guía telefónica española dieron con él, quien reconoció haber estado en el regimiento Sexto de Caballería en la época, pero dijo no saber nada sobre la desaparición de González.
En marzo de 2021, España extraditó a Uruguay a otra persona reclamada por crímenes de lesa humanidad, el coronel uruguayo Eduardo Ferro, acusado de detención ilegal, torturas y desaparición de jóvenes opositores durante la dictadura.
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