Como contrapartida, partidos políticos que integran el gobierno, gremios y organizaciones sociales se han autoconvocado en defensa de la democracia como respuesta al golpe de estado en marcha impulsado por la ultraderecha ante la derrota electoral. Mientras tanto el ex presidente Jair Bolsonaro, claro ideólogo de esta acción, se encuentra en Estados Unidos, a la expectativa de un triunfo de la movida antidemocrática que lo vuelva a colocar en el poder, o en caso de fracaso para estar a salvo de rendir cuentas de su acción ante la justicia.
Un juez de la Corte Suprema de Brasil apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, tras el asalto de este domingo de miles de radicales bolsonaristas a las sedes de los tres poderes para intentar derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, que también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio publico ocupado por partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro en todo el país.
El juez, que atendió una petición de aliados de Lula, indicó que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva,” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.
Asimismo, subrayó que la organización de esos actos golpistas era un “hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña”.
De esta forma, De Moraes señaló directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la tarde del domingo en la capital brasileña.
Rocha también había destituido de forma fulminante a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y es una figura muy cercana del ahora exgobernante.
Ante el caos generado, el presidente Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno central durante ese periodo.
El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.
Esos grupos radicales no reconocen el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre, que Lula ganó a Bolsonaro, y han venido exigiendo una “intervención” militar que devuelva al poder al capitán retirado del Ejército, actualmente en Estados Unidos sin previsión de vuelta.
Hasta el momento, hay 300 detenidos por los actos antidemocráticos del domingo, que fueron ampliamente condenados por todas las instituciones de Brasil y por la comunidad internacional.
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