"La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de (Marcelo) D´Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno", sostuvo Soria en el primero de una serie de mensajes publicados en su cuenta personal de la red social Twitter.
"Desde hace 4 años la jueza encargada de investigar el atentado contra @CFKArgentina, la Mesa Judicial M y la criminal deuda de (Mauricio) Macri con el FMI cobra un sueldo mensual de ´investigadora´, a pesar de que los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia", continuó el ministro de Justicia y Derechos Humanos.
"¿De qué se trata el Instituto Superior de Seguridad Pública de CABA que emplea a la jueza Capuchetti y tiene como autoridad al viajero de Lago Escondido Juan Bautista Mahiques (fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires)? No se le conoce una sola investigación ni publicación científica", agregó Soria.
En el siguiente mensaje escribió: "El Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de ´la magistratura judicial con toda actividad política´ y ´cualquier actividad profesional´. Solo permite a los magistrados ejercer la docencia. Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal".
"Mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia. Desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py", concluyó el ministro en una serie de mensajes que retuiteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La jueza Capuchetti encabeza el juzgado federal número 5, que antes ocupó el fallecido magistrado Norberto Oyarbide.
Desde ese juzgado está al frente de la causa en la que se investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta, causa que delegó en el fiscal Carlos Rívolo luego de que la querella la recusara.
Además, investiga la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tiene la causa conocida como Mesa Judicial, en la que se analizan, entre otras cosas, las maniobras desplegadas por el gobierno de Cambiemos para lograr la renuncia de la exProcuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Por su parte, el ministro D'Alessandro, quien se encuentra en uso de licencia, indicó que la denuncia sobre Capuchetti se trata de un "absurdo" y argumentó que la jueza "no asesora" sino que "da clases" en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
"Como tantos otros magistrados, provinciales y nacionales, es docente para las fuerzas de seguridad, actividad que está completamente permitida, tal cual surge del propio recorte que subió el ministro", dijó D'Alessandro en su cuenta de Twitter.
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