La delegación está conformada por María Pulido, Santiago Martínez y Laura Morelo, de Colombia; Fernanda Dos Anjos, Giovanny Ferreira y Thiago Dezan, de Brasil; Miguel Mesquita, de Italia; Corina Leguizamón, de Paraguay, y Tania Renaum, de México.
Como parte de una primera visita -que culminará pasado mañana-, los especialistas mantendrán reuniones con autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil, informó el diario peruano La República.
Se prevé una segunda reunión en enero de 2023 con la participación directa de comisionados de la CIDH.
La agenda de la delegación contempla una visita al departamento de Ayacucho, donde hace cinco días una represión militar en una protesta en un aeropuerto causó nueve muertes.
La visita, sin embargo, está condicionada a las facilidades que brinde el Gobierno de Dina Boluarte, ya que hay convocatorias para nuevas movilizaciones.
El desembarco de la CIDH en Perú responde a una invitación formal del Gobierno con el fin de "‘tomar conocimiento de los hechos suscitados a raíz de la vacancia constitucional del expresidente Pedro Castillo’”, informó el domingo pasado el organismo en un comunicado.
El organismo también expresó “preocupación por la escalada exponencial de violencia en las protestas del Perú” y llamó a los actores involucrados a “invertir todos los esfuerzos en una solución de la crisis por medio de los canales democráticos y con el más alto apego a los derechos humanos”.
En paralelo a la solicitud del Gobierno peruano, un grupo de abogados de Ayacucho envió un pedido a la CIDH para que verifique el uso excesivo de la fuerza pública en el contexto de las muertes ocasionadas por la represión militar y policial a una protesta en el aeropuerto de esa ciudad.
La decana del Colegio de Abogados de Ayacucho, Diana Gamboa Castro, explicó que “la fuerza pública resultó ser el medio por el cual, de forma sistemática, el Estado peruano reprimió las protestas ciudadanas y autorizó un estado de emergencia para consumar los excesos del personal militar”.
Perú vive una ola de protestas desde el 7 de este mes, cuando el Congreso destituyó a Castillo después de que este anunciara la disolución del Parlamento y el establecimiento de un gobierno de excepción con suspensión de garantías constitucionales.
Sucedido por la hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte, Castillo fue arrestado inmediatamente y la Justicia le impuso 18 meses de prisión preventiva por rebelión y conspiración, por entender que intentó dar un golpe de Estado.
Desde aquel día, buena parte del país es escenario de protestas en las que los manifestantes reclaman el adelantamiento de las elecciones generales previstas para 2026, y en las que murieron al menos 33 personas y resultaron heridas 569, según datos oficiales.
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