“Pedimos justicia, no vamos a descansar hasta encontrar justicia”, afirmó la presidenta de los familiares de los fallecidos de Senkata, Gloria Quisbert.
“Son tres años sin nuestros seres queridos. En 2019 muchas familias perdieron a sus padres, hijos, no se respetó el derecho a la vida y muchos niños quedaron huérfanos”, recordó.
Ese año, dijo Quisbert, muchos alteños que estaban heridos por enfrentamientos con las fuerzas del orden y no recibieron atención médica. “Hoy Camacho tiene atención médica y su aprehensión no es un secuestro”, dijo.
En la ciudad de El Alto las organizaciones sociales se declararon en emergencia y anunciaron que estarán en permanente vigilia hasta que Camacho reciba su sentencia.
“El pueblo de El Alto ha recibido con mucho agrado, júbilo, regocijo la detención del golpista Luis Fernando Camacho”, afirmó el presidente de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia, Simón Amaru.
Señaló que el pueblo de El Alto seguirá el proceso legal hasta que las autoridades del Órgano Judicial emitan la sentencia correspondiente.
“Quiero advertirles a todos los fiscales, a todos los jueces que se atrevan a liberar a Luis Fernando Camacho, el pueblo de El Alto va a tomar las calles y va a cerrar las fiscalías y los juzgados a nivel nacional”, dijo Amaru.
Asimismo, en Sacaba, Cochabamba, las organizaciones sociales y víctimas de la masacre se movilizaron y se sumaron a los pedidos de justicia para que el proceso contra Camacho se acelere y concluya con una sentencia.
“Nos estamos declarando en estado de emergencia y en movilización permanente hasta que los jueces y los fiscales designados al caso de Camacho den una solución, que den la sentencia correspondiente, pedimos que se le dé detención preventiva para que no pueda obstruir a la investigación y se pueda hacer una investigación adecuada”, informó uno de los manifestantes en un reporte de Bolivisión.
Recordó que en 2019 se violaron los derechos humanos de campesinos.
“Camacho, él mismo declaró que tuvo acuerdo con policías y militares para ejecutar el golpe de Estado”.
En tanto, en Beni, Ruth Cortez, detenida por el gobierno de facto de Jeanine Añez, manifestó su confianza en la justicia, tras conocer la detención de Camacho.
“Como presos políticos exigimos justicia. Queremos justicia, nosotros fuimos detenidos injustamente, hubo detenciones injustas, muertes. Que se haga justicia como corresponde, lo de nosotros fue rápido, nos detuvieron sin hacer daño, fuimos llevados injustamente”, recordó los hechos que vivió en 2019.
De la misma forma, este miércoles, tras conocer la aprehensión del excívico, los interculturales se trasladaron a Fiscalía de La Paz, portando carteles y pancartas con mensajes que piden justicia por los fallecidos en las masacres de Senkata y Sacaba.
La organización exigió que Camacho sea enviado a la cárcel de Chonchocoro por más de 30 años por “haber bañado de sangre y dolor”, expresaron los manifestantes.
Asimismo, los representantes de la Confederación de Marcas y Ayllus (Conamaq) instalados en las puertas de la Fiscalía de La Paz iniciaron una vigilia “para evitar que Camacho salga de la ciudad”.
La organización considera que no es suficiente el proceso por el caso “Golpe de Estado I” sino que debe pagar por muchos otros delitos que ha causado al pueblo boliviano.
Desde Potosí, la Federación de Campesinos del Norte de Potosí se declaró en vigilia, y advirtió que se movilizará si la justicia libera a Camacho.
“Camacho tiene que pagar por tanto daño que ha hecho al Estado. Como Federación vamos a respaldar al Gobierno, y si en caso sale libre nos vamos a movilizar, vamos a hacer vigilia y vamos a ir hasta La Paz”, dijo el dirigente José Flores.
Señaló que la aprehensión del excívico no es un secuestro ni vulneración de derechos.
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