La Legislatura porteña prevé realizar el próximo jueves la última sesión ordinaria del año en medio de un clima político enrarecido por la filtración de los chats entre funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y jueces federales, que provocó que el interbloque oficialista que responde a Horacio Rodríguez Larreta esté a la defensiva y estudie la posibilidad de no dar quórum.
Juntos por el Cambio (JXC) apuntaría, así, a desactivar un posible escenario de debate en el recinto en el cual el Frente de Todos (FDT) buscará avanzar con el inicio del juicio político al ministro de Seguridad Marcelo D'Alessandro y al fiscal general Juan Bautista Mahiques por su participación en el intercambio de mensajes en los que diseñaban una estrategia para encubrir un viaje a Lago Escondido, en Bariloche.
"No hay chances de que ignoren la posibilidad de tratar los expedientes que tienen que ver con el juicio político. Como bloque, no vamos a cesar, y necesitamos que todas las fuerzas políticas democráticas estén a la altura de las circunstancias", reclamó el legislador del FDT Javier Andrade, quien destacó que "si no tienen nada que esconder, que vengan y rindan cuentas, que pongan la cara".
Para la legisladora Claudia Neira, en tanto, "si existe alguna voluntad de defender el estado de derecho en esta ciudad" y los "principios básicos del republicanismo, debería ser el propio Horacio Rodríguez Larreta quien plantee a sus funcionarios que se sometan a un juicio".
La exhortación del FDT alude a que, de acuerdo a la actual composición del Parlamento porteño, el interbloque oficialista suma 32 bancas de las 60, mientras que la oposición reúne las restantes 28, cifra que impide que con los votos propios quede aprobada la "formación de causa" contra ambos funcionarios por "mal desempeño y comisión de delito".
Los chats del ocultamiento
De acuerdo a los diálogos divulgados, D´Alessandro y Mahiques colaboraron en una maniobra para tapar los detalles del viaje a Bariloche, durante el cual se alojaron en la propiedad administrada por el empresario británico Joe Lewis junto a jueces federales y empresarios del Grupo Clarín.
Además, el ministro que está al frente de la Seguridad en la Ciudad amenazó al titular de la PSA, mientras que el fiscal general habló de "limpiar un mapuche", en referencia al conflicto que mantiene ese pueblo originario con Lewis, dueño de miles de hectáreas en la Patagonia argentina, en cercanías de la frontera con Chile.
La situación, en tanto, fue calificada por los dirigentes de JXC en la Legislatura porteña como "una desprolijidad, pero no un delito", por lo cual descartaron de plano el apoyo al proceso de enjuiciamiento y agregaron que "por ahora" está en pie la sesión del jueves 15, la última del año de carácter ordinaria en la cual está previsto el tratamiento de un centenar de expedientes.
Otros temas en agenda legislativa: entrega de predios, designación de jueces y ley de Economía Social
Dentro del listado de temas, figura el proyecto del Gobierno porteño para la venta de predios, algunos de ellos situados en el Casco Histórico, con el propósito de financiar con esos fondos el traslado de un Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) del barrio de San Telmo a un nuevo edificio.
La propuesta oficial, en rigor, iba a tratarse en la sesión del 17 de noviembre, pero quedó postergada a raíz de las objeciones planteadas por el arco opositor respecto de la inclusión de algunos terrenos que generaron polémica, como el caso del situado en la avenida Paseo Colón y Brasil, donde estaba la Escuela Taller del Casco Histórico hasta su demolición.
El antiguo edificio, de inicios del 1900, fue destruido por decisión del Gobierno porteño bajo el argumento de dar espacio a la traza del Metrobus del Bajo; no obstante, en la actualidad, habría modificado aquella medida a partir del impulso de la venta del terreno.
También, en la sesión del jueves, los legisladores y las legisladoras deberán votar la designación de 13 jueces de primera y segunda instancia, dos fiscales y dos asesoras tutelares de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura local.
Y en la última semana fueron incluidos dos expedientes enviados por el Ejecutivo que plantean, por un lado, la entrega a la Corporación Antiguo Puerto Madero del permiso de uso a título precario y gratuito por 20 años de un predio situado en el entorno del parque Micaela Bastidas; y, por el otro, una modificación a la ley de la Economía Social.
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