El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, admitió que el Gobierno está "evaluando aquello" y la vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, afirmó que "se trata de una propuesta transversal y que hay que estudiar".
Según consignó el diario La Tercera, en la administración del presidente Gabriel Boric coinciden en que "es necesario adaptar nuestro sistema penitenciario al Convenio 169 de la OIT, que establece normas específicas para el cumplimiento de la prisión en el caso de pueblos indígenas".
Gajardo reconoció que el país está "en el debe en lo referente a las personas que han sido condenadas por delitos de cualquier índole y que forman parte de los distintos pueblos indígenas".
Y reseñó que en la administración anterior de Sebastián Piñera "esto se comenzó a abordar y se dictó la resolución 3.925", que atiende algunas cuestiones sobre la materia en base a la "pertenencia cultural y religiosa" de los presos.
Por ello, el Ejecutivo solo tendría que dictar un decreto supremo para crear el nuevo penal.
Sin embargo, el subsecretario aclaró que están realizando una serie de pasos previos, como establecer puentes de diálogo con las bancadas oficialistas y opositoras y con organizaciones de derechos humanos.
"Pedimos ver en qué lugar se debiera emplazar, cuánto costaría, cuánto se demoraría. Con aquello vamos a revisar el tema, hablar con los parlamentarios para ver bajo qué modalidad lo podríamos hacer", añadió.
El 9 de septiembre pasado, el diputado socialista Leonardo Soto y sus pares Lorena Pizarro (comunista) y Gonzalo Winter (Convergencia Social) conversaron durante un almuerzo con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el subsecretario Gajardo sobre los beneficios carcelarios concedidos a comuneros mapuches.
"¿Por qué no avanzar en habilitar una cárcel sólo para personas de origen mapuche?", propuso entonces el legislador socialista.
Ahora, Soto abundó que "se necesita un cambio estructural, y me alegro que el gobierno lo esté considerando. No implicaría un trato especial ni una discriminación, pues sólo se hace cargo y acoge lo que establece el Convenio 169 de la OIT".
Miguel Mellado, diputado del derechista partido Renovación Nacional planteó también ese mismo mes a las autoridades de Justicia que se debería pedir al ministerio de Bienes Nacionales que ceda un terreno en las afueras de alguna ciudad de la región de La Araucanía, para instalar allí una cárcel de alta seguridad exclusiva para imputados por delitos vinculados a la denominada violencia rural.
Mellado estimó que hasta "podrían tener allí su rewe (altar ceremonial utilizado por los mapuches), lo que quieran, pero lo importante es que esto esté fuera del radio urbano".
La vocera Vallejo dejó en claro que no se trata de un plan del Ejecutivo, sino que "hay varios parlamentarios que han levantado esta propuesta de manera transversal, no solo un sector político".
"Por lo tanto, lo que ha señalado el subsecretario de Justicia y el ministerio es que se toma esta propuesta y que se va a evaluar. Considerando que ha sido una propuesta que se ha levantado de manera transversal, por cierto hay que estudiarla", insistió.
Publicar un comentario